El gobierno hondureño ha criticado duramente a los Estados Unidos por su intento de iniciar un “golpe de Estado” en el país centroamericano, luego de que el medio Insight Crime publicase archivo audiovisual, de hace diez años, donde pareciera enseñar al actual cuñado de la presidenta negociando un pago con hombres que luego confesaron ser traficantes de drogas.
El video fue filtrado en medio de un conflicto diplomático con Washington a propósito de las relaciones amistosas del gobierno hondureño con Venezuela, luego de las elecciones disputadas en julio. Días antes de que emergiera la grabación, Xiomara Castro, la presidenta hondureña, mientras anunciaba el fin de un acuerdo de extradición de larga data con los Estados Unidos, soltó una indirecta a la publicación: “No permitiré que el instrumento de la extradición sea usado para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas hondureñas”. Para muchas de las personas que apoyan a la presidenta de izquierda, el timing habla por sí solo.
En los medios tradicionales, la maniobra para sortear el asalto político que viene desde Washington fue encuadrado como un acto de corrupción. Uno de estos portales publicó el siguiente titular: “La Honduras de Castro podría formar parte de la narco-corrupción que juró erradicar”.
Pero una investigación de The Grayzone revela que figuras claves en la ofensiva diplomática están directamente vinculados al gobierno estadounidense, incluyendo a Insight Crime, que es financiado por el Departamento de Estado. Nuestra indagación señala que la grabación fue lanzada estratégicamente en el medio de un esfuerzo por refrenar al gobierno de Castro, cada vez más independiente.
El video fue presuntamente grabado en 2013 por narcotraficantes que operaban como informantes para la Administración para el Control de Drogas (la DEA, por sus siglas en inglés), y su publicación se da cuando las tensiones diplomáticas se acercan a un punto de ebullición el 28 de agosto, luego de una reunión entre mandos militares venezolanos y hondureños que llevaron a la embajadora estadounidense a acusar públicamente al funcionario hondureño de “haberse sentado con un traficante de drogas”. Carlos Zelaya sostiene que no tenía idea de quiénes eran estas personas de las que nunca aceptó dinero pero, desde entonces, dimitió a su curul en el congreso, a la espera de los resultados de la investigación.
La declaración agresiva de la embajadora, fue vista dentro del gobierno de Castro como un dardo, y un precursor innegable de un intento de cambio de régimen formato revolución de colores. El uso de los tiempos fue particularmente conspicuo, dicen, porque creen que Insight Crime posee la grabación desde, al menos, 2022.
Electa por un amplio margen en 2021, el gobierno de Xiomara Castro representa un retorno a la socialdemocracia luego de 12 años de lo que los hondureños ampliamente se refieren a esos años como de la “narcodictadura”: un oscuro periodo inaugurado por el golpe de 2009 que vio al esposo de Castro, Manuel Zelaya, expulsado de la presidencia mediante la fuerza militar. En junio de 2024, el rostro más visible de la narcodictadura, el ex presidente Juan Orlando Hernánez, fue sentenciado a 45 años en una prisión federal en Nueva York. Sin embargo, como lo reportó The Grayzone en una investigación de varias partes, el gobierno de los Estados Unidos había protegido por años a Hernández, viendo hacia el otro lado mientras cumplía su promesa manifiesta “de atiborrar de droga directamente a las narices de los gringos”.
Aunque inicialmente apareció dispuesto a tolerar al gobierno que lo reemplaza, ahora Estados Unidos lanza su primera andanada contra la administración de Castro.
“La intención… es una desestabilización”
Carlos Estada, uno de los asesores de la presidenta hondureña que se especializa en relaciones internacionales le dijo a The Grayzone: “Queda muy claro que las palabras de la embajadora coinciden con el momento en el que el video iba a ser filtrado”.
“La intención”, enfatiza Estrada, “es una desestabilización”.
Según Estrada, el gobierno de Castro decidió ponerle fin al tratado de extradición con Washington cuando su embajadora en Honduras hizo “un comentario sumamente irresponsable y sumamente anti-diplomático” en relación a “una acción completamente normal de un ministro, de nuestro ministro de defensa en ese momento, quien visitaba al ministro de defensa de Venezuela”. “el comentario de la embajadora al calificar de una visita a una persona que está vinculada con el narcotráfico, según la mirada de Estados Unidos, pues lógicamente pone en alerta, dado que es una forma de ir haciendo o de ir ampliando ese marco de lawfare para prácticamente los principales líderes de este gobierno, que es la presidenta Xiomara Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya”.
De acuerdo a Estrada, se avizoran más problemas en el horizonte. Afirmando que los ataques desde los medios “coinciden con otras operaciones que se están haciendo en el mismo territorio hondureño por parte de la misma oposición”, que contiene a varios partidos vinculados a los cárteles.
Los esfuerzos de funcionarios estadounidenses por restaurar el control de una Honduras cada vez más independiente precedieron a la gresca actual. Una señal de alerta temprana, dice Estrada, provino con la elección de Biden de Laura Dogu como embajadora ante Honduras. Nominada para ese cargo tres semanas antes de la victoria abrumadora de Castro en noviembre de 2021, Dogu había servido como embajadora en Nicaragua, donde ayudó a supervisar el golpe violento de 2018 que vio la muerte de centenas de personas.
“La lógica detrás de la filtración del video tiene que ver con una forma de neutralizar actores. Es decir, en este caso la agenda que impone la embajadora de Estados Unidos es sumamente disruptiva”, señala Estrada. “Ella venía de un rol desestabilizador en Nicaragua y lógicamente cuando a ella la nombran de Estados Unidos para Honduras, ella no logra cambiar su lógica de acción”.
Desde el principio, Dogu ha servido como un agresivo perro guardián de los intereses de las clases dominantes estadounidenses, con su primera declaración de “preocupación” haciéndose pública apenas cuatro meses de iniciarse la presidencia de Castro, cuando presionó en contra de las reformas energéticas que el nuevo gobierno implementó para tomar medidas drásticas respecto al sobreprecio de las compañías eléctricas.
“Y es ahí donde comienzan las denuncias de la presidencia, en este caso de la presidenta de manera directa,” agrega Estrada. Desde entonces, la embajadora “constantemente se dedicaba a opinar respecto a tomas de decisiones soberanas que corresponden a la política de Estado – desde la política social, la política económica, las relaciones exteriores, o sea, todo”.
A Dogu se le incorporó Insight Crime en el incidente más reciente, haciendo pública la filtración de la grabación de Zelaya. No queda claro cómo el medio consiguió el video, pero las circunstancias de su creación y lo que dicen los autores del portal pudieron arrojar algunas pistas.
En un artículo que acompaña la grabación de Zelaya, la publicación señaló que el video había sido “entregado a las autoridades estadounidenses” por Devis y Javier Rivera, narcotraficantes condenados que lo grabaron. Este par, que para ese momento lideraba el cártel de “Los Cachiros”, entregaron el video tras “llegar a un acuerdo con la DEA en diciembre de 2013”, luego de que la grabación fuera “archivada”. En el caso de Devis, la DEA parecía tan ansiosa por asegurar un trato que estaba dispuesta a mirar a otro lado el confesado involucramiento en 78 asesinatos del sospechoso.
Resultado de su cooperación, “ninguno de los traficantes que salían ahí fueron a juicio al ser acusados en los Estados Unidos”, lo que quiere decir que “el video nunca había sido publicado con anterioridad”. Aún así, de alguna manera Insight Crime “recibió una copia de una fuente” que por lo visto “solicitó que no se revelara su identidad”.
Preguntado sobre la posibilidad de que el gobierno estadounidense estuviese valiéndose de Insight Crime para hacer su voluntad, Estrada respondió: “Lógicamente, Estados Unidos no se va a ensuciar las manos.
Insight Crime: ¿el medio “independiente” favorito del Departamento de Estado?
Desde que fue fundado en 2010 por Jeremy McDermott y Steve Dudley en 2010 con subsidios del Open Societies Foundation del multimillonario George Soros, Insight Crime rápidamente estableció su reputación poniendo en la mira a gobiernos latinoamericanos demonizados por Washington.
Esta no es ninguna coincidencia, dado que Insight Crime es dependiente financieramente del gobierno estadounidense. Rastreadores de dinero del gobierno demuestran que, desde 2022, Insight Crime ha amontonado más de un millón de dólares del Departamento de Estado. Y eso es apenas la punta del iceberg. Según la American University, “los financistas claves” también incluyen a la Open Society, la embajada británica en Colombia, la USAID, el Centro Internacional para la investigación del Desarrollo de Canadá, el gobierno sueco, entre otros”.
Su portal resalta las interacciones frecuentes de los líderes con el departamento de Estado, en una entrada celebrando su participación en la “Conferencia Internacional Anticorrupción” del 2022 y otro alardeando de que McDermott “reportó al Departamento de Estado y otros actores internacionales la presencia de las guerrillas colombianas en Venezuela”.
El perfil de McDermott en el portal lo describe como un “ex oficial del ejército británico, que estuvo realizando servicio activo en Irlanda del Norte y Bosnia”, ambos que al día de hoy siguen siendo hervideros notorios de la inteligencia inglesa. Su página de LinkedIn apunta que sirvió como capitán de la Guardia de Granaderos, la unidad de infantería de élite conocida por su uniforme rojo y sus ceremonias de guardia en palacios y por ostentar un número desproporcionado de operadores de la SAS, las fuerzas especiales.
Por admisión suya, Insight Crime mantiene relaciones de trabajo activas con figuras del crimen organizado, escribiendo en la sección “Sobre nosotros” que conducen “investigación de campo extensiva, que incluye hablar con todos los actores, legales e ilegales”.
Las preguntas que The Grayzone le envió a Insight Crime sobre su potencial relación con agencias de inteligencia y el Departamento de Estado no fueron respondidas.
¿La jugada de último minuto de la élite hondureña?
Desde que fue publicada la grabación de Zelaya, las figuras políticas hondureñas han reaccionado de una forma más o menos predecible, con el Partido Libre congregándose en gran medida alrededor de la presidenta Castro, y un número de facciones de oposición exigiendo su resignación. Pero los alegatos de que Zelaya pudiera en realidad ser culpable de cualquier delito fue escamoteada por Steven Dudley, el otro cofundador de Insight Crime, que parece estar de acuerdo, en una aparición en la televisión hondureña, con el objetivo de su video filtrado.
“Como dijo el mismo Carlos Zelaya, no hay pruebas de que haya aceptado el dinero… ¿cómo podemos estar seguros de que sabía con quién estaba?”, se preguntaba Dudley.
“El propio Carlos Zelaya dijo que ‘unos empresarios me llamaron’. Y en cierta forma, también, tiene razón. Son hombres de negocios importantes que necesitan ser escuchados, e iban a dar apoyo financiero”.
Asegurar cualquier tipo de acusación en el caso del cuñado del presidente, dijo Dudley, sería “complicado a nivel judicial, y tal vez aún más en una dimensión política”.
Pero si el video no ha sido filtrado como un esfuerzo por ver presos a los familiares de Castro, ¿cuál fue el propósito de publicarlo? Los comentarios posteriores de Dudley sugieren el verdadero motivo: “El video genera un tipo de impacto que se distingue de otras formas de evidencia. Y por eso es que sabíamos que iba a generar el efecto que ha generado hasta ahora… Sean estas acciones juzgadas, o no, creo que tendrá un impacto muy negativo. Pudiera cambiar a quién lidera el país”, especuló Dudley.
Para el gobierno hondureño, esas palabras son una confirmación clara de que la “operación” de lawfare apunta en buena medida a simplemente empañar la reputación de Libre entre su probable base electoral.
“Pretendían con esto poner en igualdad de condiciones al Partido Libre con los demás partidos políticos que estuvieron con la narcodictadura”, dice Estrada. “Pero para lo que sirvió realmente fue para posicionar realmente el contexto real en el que se encuentra en este momento el país ante toda la política pública que está desarrollando la presidenta, que está ayudando prácticamente a rescatar al país; desde un punto de vista político, pero al mismo tiempo desde un punto de vista económico”.
“Y esos logros y esos éxitos no le convienen de ninguna forma al establishment anterior, a quienes conformaban el régimen anterior y tampoco a las principales familias de la oligarquía hondureña. Es decir, toda la plutonomía de Honduras, los principales ricos de Honduras temen que este gobierno o sí, que este gobierno llegue a un nivel de popularidad tan alto que no lo puedan sacar en los próximos dos procesos electorales.”
Existe un número de grupos que pudieran ser empleados para evitar que Libre cumpla con su ambiciosa agenda doméstica. Al principio de la lista está el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), un conglomerado de 12 ONG, sindicatos y grupos industriales.
“El CNA nunca cuestionó a la dictadura de forma tangible”
Cuando Gabriela Castellanos, la presidenta del CNA, divulgó una carta pública exigiendo la renuncia de Castro, los medios mainstream inmediatamente transmitieron la noticia al público de habla inglesa, con Reuters diligentemente declarando en un titular “Presidenta hondureña enfrenta llamados a renunciar mientras se intensifica el escándalo del video”.
Quedando completamente sin mencionarse por los medios corporativos fue la contienda en curso entre Castellanos y el gobierno de Castro, que la acusa de doble moral, señalando los nueve años que pasó como presidenta del CNA en gobiernos anteriores en los que se negó a investigar la corrupción del ex presidente -y ahora comprobado narcotraficante- Juan Orlando Hernández.
Prueba de su hipocresía, dice el gobierno, radica en el hecho de que Castellanos ahora está insistiendo en la renuncia de Castro, a pesar de nunca hacerlo con que denunciara Hernández mientras su hermano enfrentaba cargos de narcotráfico en un tribunal federal de los Estados Unidos. Aquellas sospechas fueron bolstered por un caluroso saludo entre Castellanos y Hernández en el proceso judicial contra el ex presidente en Nueva York, donde al final se le condenó por contrabandear 550 toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
Bajo la dirección de Castellanos, “en ningún momento el CNA cuestionó a la narcodictadura de manera tangible, o sea, en ningún momento levantaron procesos reales” en su contra, dice Estrada. En su lugar, “ellos escudaban que no podían hacer nada si el sistema de justicia no servía… su rol ha sido prácticamente lavar la imagen de los gobiernos que estuvieron en el proceso de la narcodictadura”.
Al final, la trayectoria de Castellanos habla por sí sola. al preguntarle a quemarropa si el jefe del gobierno anterior era “corrupto”, ella dijo tímidamente: “Nunca me voy a pronunciar de algo que yo no tengo el respaldo probatorio suficiente”.
Como explica Estrada, Castellanos estaba señalando “que no puede hablar sobre el gobierno porque ella tiene que tener un tipo de neutralidad. Obviamente, no la tiene con este”.
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