Desde hace tiempo, la oposición venezolana acusaba al gobierno bolivariano de corrupción y mala gestión. Pero con Citgo al borde de la liquidación, los funcionarios de Guaidó son demasiado incompetentes -o demasiado ladinos- para salvarla.
Por Anya Parampil
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Actualización
El 22 de mayo de 2020, un juez estadounidense eliminó una restricción en la venta de las refinerías de Citgo, en efecto aprobando una liquidación de los activos de la empresa para pagar la demanda de $1.4 miles de millones de la corporación canadiense Crystallex contra el gobierno de Venezuela.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ahora tendrá que expedir una exención de las sanciones para cumplir la venta.
Informe original
El 13 de agosto, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en desacato, ofrecía una conferencia de prensa en las calles de Caracas para presentar al candidato al cargo de Presidente Ejecutivo de Citgo Petroleum Corporation.
“Hemos entrevistado a Carlos Jorda”, anunció Guaidó –con una entonación cuidadosamente ensayada-, explicando que el candidato para supervisar a la antigua compañía petrolera estatal venezolana tendría la tarea de “apoyar y ayudar a Citgo ‘a salvaguardar’ sus activos”.
Pero había una ironía detrás del enfoque de Guaidó en la protección de los activos pertenecientes a Citgo, una que incluso los observadores más cercanos de la crisis política del país han pasado por alto.
El nombramiento Jorda por parte de Guaidó fue una violación de los procedimientos corporativos, uno de los varios que ha hecho desde que el gobierno de Estados Unidos lo reconoció como presidente de Venezuela, en enero de este año. Puede que el propio Guaidó ni siquiera se haya percatado de la violación. Sin embargo, sus acciones pusieron en peligro a Citgo.
Desde que el difunto presidente Hugo Chávez inició el proceso de socialización de la industria petrolera venezolana hace casi dos décadas, los líderes de la oposición han acusado al gobierno bolivariano de corrupción y mala administración. Desde enero, cuando la Administración Donald Trump congeló las cuentas de la petrolera estatal, Petróleo de Venezuela (PDVSA), los funcionarios de Guaidó insistían en que la medida era necesaria para proteger a la empresa del gobierno de Caracas y de su supuesta malversación.
Pero en una serie de entrevistas exclusivas con The Grayzone, miembros de la oposición venezolana han acusado a los funcionarios de Guaidó en Estados Unidos de trabajar a espaldas de sus compatriotas, incluido el mismo Guaidó, con el fin de preparar el terreno para la disolución de Citgo.
“A estas alturas del viaje estamos ‘perdiendo’ a Citgo'”: 5 kilómetros”, advirtió el ingeniero y experto en finanzas Jorge Alejandro Rodríguez en una entrevista con The Grayzone. “Así que si no das un giro en U hacia la recuperación de Citgo, entonces estamos a sólo cinco kilómetros, pero a pasos de caminata”. En los últimos años, Citgo ha sido objeto de múltiples demandas en Estados Unidos, presentadas por acreedores que buscan apropiarse de acciones de la refinería, una subsidiaria de PDVSA, como pago por dinero adeudado por el gobierno de Venezuela.
Este 29 de julio, un tribunal de los EE.UU. falló a favor de una de esas empresas, la minera canadiense Crystallex, lo que despertó el temor de que Citgo pudiera ser liquidada en un corto plazo para pagar a las partes interesadas. En los meses previos a esta decisión, según algunos miembros de la oposición venezolana, los más altos asesores de Guaidó tomaron varias acciones que, tal vez, no eran conocidas por el político novato del momento, las cuales ayudaron a Crystallex a fortalecer el caso legal contra Citgo, en última instancia
“Se trata de una estafa contra Guaidó y contra la Asamblea Nacional”, dijo Rodríguez (sin relación alguna con los ministros del gobierno venezolano Jorge Rodríguez o Delcy Rodríguez). Rodríguez se ha convertido en un prominente miembro de la oposición venezolana que ha criticado las decisiones tomadas por ciertos funcionarios de Guaidó. Los acusa de “negligencia criminal” por su manejo del caso Crystallex.
El más implicado es José Ignacio Hernández, abogado que Guaidó designara como su procurador general. Después de la decisión de una corte en los Estados Unidos, aparecieron informes en donde se afirmaba que Hernández, no había revelado durante su proceso de confirmación a principios de este año, un testimonio previo en el caso, a nombre de Crystallex. Así, se puso de manifiesto un potencialmente y masivo conflicto de intereses que se gestaba en el régimen en la sombra de Guaidó.
“Fue nombrado de manera fraudulenta”, dijo Rodríguez sobre Hernández. “¿Por qué cometió un fraude contra Guaidó, y por qué cometió un fraude contra la Asamblea Nacional?” Ahora Rodríguez y otros buscan dar a conocer exactamente cómo Hernández ayudó en el caso de Crystallex contra el gobierno de Venezuela.
“Es un juego”, señaló
Otros actores incluyen al enviado de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, y a Ricardo Hausmann, el economista neoliberal de Harvard que se desempeña como “representante” de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Ambos se apresuraron a defender a Hernández tan pronto como su relación con Crystallex fue expuesta.
Aislados del escrutinio de los medios de comunicación estadounidense que se ha enfocado exclusivamente en descubrir fallas en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, estos hombres podrían estar a semanas de presenciar la liquidación exitosa de Citgo, cometiendo así un atraco a plena luz del día sobre el activo internacional más valioso de Venezuela.
El robo de Citgo
La supervivencia de Citgo quedó en el limbo el 29 de julio, cuando un Tribunal Federal de Apelaciones de los EE.UU. confirmó un fallo que declaraba que Crystallex, una empresa minera de oro canadiense, podría confiscar 1.400 millones de dólares de las acciones de la refinería. La suma fue considerada una compensación por los bienes expropiados por el gobierno de Venezuela bajo el difunto presidente Hugo Chávez.
La decisión de Crystallex causó ansiedad en la junta directiva de PDVSA designada por Guaidó, que inmediatamente se comprometió a tomar “todas las medidas legales necesarias para impugnar la decisión”. El procurador general de Guaidó, José Ignacio Hernández, respondió a la sentencia del 31 de julio en Twitter: “ningún acreedor puede ejecutar judicialmente en propiedades de PDVSA, incluyendo Citgo.”
Sin embargo, el interés de Hernández en el caso Crystallex no comenzó cuando asumió el papel de representante legal de Guaidó en el extranjero en febrero. Según documentos de la corte, apareció en 2017 como perito en el caso, testificando a favor de Crystallex. En otras palabras, Hernández había asistido legalmente a Crystallex para atacar al gobierno que ahora afirma representar.
Hernández no declaró a la Asamblea Nacional de Venezuela sobre esta relación antes de que ésta aprobara apresuradamente su nombramiento y lo convirtiera en el representante legal más poderoso del país a los ojos del sistema judicial estadounidense. “Para mí, los actos del Sr. Hernández son inexplicables”, dijo Jorge Alejandro Rodríguez, experto financiero, a The Grayzone.
A pesar de su vehemente oposición al presidente venezolano Nicolás Maduro, Rodríguez no podía pasar por alto el engaño de Hernández. El 5 de junio, se reunió con legisladores en la Asamblea Nacional de Venezuela para informarles sobre los vínculos de Hernández con Crystallex. “Estoy 110 por ciento en contra de Maduro y de Chávez”, insistió, añadiendo que “mi intención no era hacer un escándalo de esto, sino hacer una advertencia lo más privada posible”.
Rodríguez dijo a The Grayzone que hizo una “fuerte recomendación” para que los legisladores retiren a Hernández de su posición de poder, y les advirtió que los representantes de Guaidó en Estados Unidos estaban listos para malbaratar a Citgo por completo. Afirma que mientras servía como el principal procurador de Guaidó, tomó varias decisiones que finalmente permitieron, si no aseguraron completamente, la victoria de Crystallex contra el gobierno para el que supuestamente trabajaba.
“Le dije a los legisladores: ‘No doy a este caso más de un par de meses'”, dijo Rodríguez, describiendo su reunión del 5 de junio. “No es como si tuviera una bola de cristal o algo así, pero una vez que ves el caso y las cosas que Hernández hizo, o permitió que la Asamblea Nacional hiciera, puedes ver que fue tan beneficioso para Crystallex, que para los jueces se convirtió en un caso claro”.
El “Alter Ego” de José Ignacio Hernández
Para ganar su demanda contra el gobierno venezolano, Crystallex tuvo que persuadir a un juez que tenía el derecho de confiscar las acciones de Citgo a través de un concepto legal conocido como “alter ego”. En derecho mercantil, el alter ego se describe como “levantar el velo corporativo” o demostrar la “instrumentalidad” de una empresa. Es la doctrina a través de la cual un tribunal determina que una corporación privada, como Citgo, simplemente sirve como cobertura para un individuo o grupo, en este caso el gobierno venezolano.
Sólo “levantando el velo corporativo” y demostrando que Citgo es un “bien” del Estado venezolano, Crystallex podría justificar la confiscación de activos pertenecientes a la corporación privada con sede en Estados Unidos como compensación por el dinero adeudado por el gobierno en Caracas.
En el caso Crystallex, esa tarea fue encomendada a un abogado venezolano de 43 años y profesor de derecho administrativo. Presentó una declaración jurada ante una corte estadounidense en abril de 2017, argumentando que el gobierno de su país había utilizado a PDVSA, el accionista mayoritario de Citgo, “como una herramienta política para lograr sus objetivos nacionales e internacionales”.
Esa exposición pericial fue prestada por nada menos que por el futuro procurador de Guaidó, José Ignacio Hernández. Al momento del testimonio, Citgo estaba protegida de “acusaciones de instrumentalidad” por varias capas de separación entre el gobierno de Venezuela y la administradora de las operaciones diarias de la compañía.
Bajo la legislación venezolana, el Presidente de la República designó a la junta directiva de PDVSA. A su vez, los miembros del directorio seleccionaron a la directiva de la subsidiaria de la compañía en Delaware, PDVSA Holding, que luego eligió el directorio de Citgo Holding. Finalmente, esta filial designó el consejo de administración de Citgo Petroleum.
Toda esa cadena de mando se revirtió en febrero de este año cuando la Asamblea Nacional de Venezuela nombró directamente no sólo una junta directiva “ad hoc” de PDVSA, sino también a los altos ejecutivos de las tres subsidiarias. Bajo el liderazgo de Guaido, la AN intervino directamente en la dirección de estas tres entidades establecidas en los EE.U., facilitando el camino a Crystallex para que fortaleciera su hipótesis de “Alter Ego” ante las cortes.
Críticos como Rodríguez indicaron que le correspondía a Hernández como procurador general de Guaidó impedir que la Asamblea Nacional nombrara a la junta directiva de Citgo, poniendo así en peligro la defensa de Venezuela en el caso Crystallex.
“Fue absolutamente inaceptable para él proceder con el nombramiento, sin importar lo que hubiera dicho la Asamblea Nacional”, sostuvo Rodríguez. “Usted es el procurador general. Tienes deberes. No puedes hacer algo que vaya en contra de las leyes de la nación… Si alguien en el mundo entero sabía que eso andaba mal, era él”.
Crystallex sacó provecho del error en cuestión de semanas, introduciendo una demanda judicial que criticó “el total desprecio de la Asamblea Nacional por las formalidades corporativas en la reelección de los consejos de administración de la subsidiaria de PDVSA”, argumentando que su incumplimiento era “difícilmente una señal de independencia de las subsidiarias del control del gobierno”.
Al permitir que la Asamblea Nacional de Venezuela nombrara ilegalmente a la junta directiva de las subsidiarias de PDVSA, Hernández ayudó a probar un aspecto crucial del caso de Crystallex contra el gobierno venezolano. “No fue hasta que Hernández hizo lo que hizo, o que la Asamblea permitiera lo que él hiciera, que quedó tan claro que los tribunales de Delaware dijeron: `Bien, no tiene sentido hacer esperar a Crystallex’, explicó Rodríguez.
Atrapados en otra mentira
Tras el fallo del 29 de julio a favor de Crystallex, la pasada relación de José Ignacio Hernández con la compañía finalmente apareció en los medios de comunicación venezolanos.
El 31 de julio, el fiscal general venezolano Tarek William Saab anunció una investigación penal contra Hernández, acusándolo de “un conflicto de intereses que viola toda ética judicial” y “traición a sus conciudadanos”.
Hernández desestimó las acusaciones por “falsas” ese mismo día, diciendo a TV Venezuela que se había recusado del caso Crystallex en marzo.
Sin embargo, no fue la única empresa que solicitara experticia técnica de Hernández al momento de atacar al gobierno venezolano. Según documentos presentados ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, la vidriera estadounidense Owens-Illinois también contrató sus servicios como testigo experto en una causa contra el gobierno venezolano en 2013.
El Banco Mundial falló a favor de Owens-Illinois en mayo de 2015, determinando que el gobierno de Venezuela le debía 371 millones de dólares por la nacionalización en 2010 de dos plantas pertenecientes a la empresa con sede en Ohio. Al igual que Crystallex, Owens-Illinois parece haberse beneficiado de la incapacidad de Hernández para asegurarse de que la Asamblea Nacional venezolana siguiera el procedimiento adecuado en su gestión de PDVSA y Citgo.
A Hernández se le preguntó sobre su testimonio en nombre de Owens-Illinois en una entrevista con Hispano Post. “No era abogado de la empresa, ni promovía sus intereses”, afirmó. Cuando Hispano Post presionó al abogado sobre cualquier pago que pudiera haber recibido de la compañía, rechazó la sugerencia por “absolutamente falsa”. Owens-Illinois “hizo un pago, que no era para mí, sino para el bufete de abogados en el que yo era socio en ese momento”, insistió.
Sin embargo, documentos públicos en manos de la corte revelaron que Owens-Illinois hizo un pago de $163,720 por la asesoría legal que recibió de Hernández. La presentación no citó a ningún bufete de abogados. En su lugar, nombró específicamente a “José Ignacio Hernández” como el destinatario del dinero.
Las declaraciones públicas de Hernández sobre Owens-Illinois no fueron los únicos aspectos de su historia que se contradicen directamente con los documentos oficiales de la corte.
“Nunca analicé la tesis del alter ego ni sus méritos”, dijo Hernández a Hispano Post, sobre la naturaleza de su testimonio en Crystallex. Afirmó que su declaración judicial se limitaba a la interpretación del derecho venezolano.
Sin embargo, Crystallex caracterizó su contribución a su causa de manera muy diferente. En una demanda judicial presentada en marzo de 2019, la compañía declaró que “antes de asumir su cargo actual, José Ignacio Hernández, Asesor Especial de la Asamblea Nacional venezolana encargado de evaluar las reclamaciones de los acreedores contra Venezuela, proporcionó testimonio legal en apoyo de los argumentos del alter ego de Crystallex”.
Una vez más, el abogado estelar de Guaidó parecía estar atrapado en una mentira. Se desconocía si había recibido algún pago de Crystallex a cambio de su testimonio. Sin embargo, los documentos de la corte apoyan a aquellos como Jorge Alejandro Rodríguez, que han descrito las acciones de Hernández como un “conflicto de reputación”.
“Como abogado hizo declaraciones a favor de la posición de Crytallex, por lo que como profesional del derecho no puede cambiar de opinión”, explicó Rodríguez a The Grayzone. ¿Cómo podría decirse que Hernández representa los intereses legales del gobierno venezolano si antes había ayudado a sus enemigos jurados en los tribunales?
Cuando Rodríguez llevó esa preocupación a la Asamblea Nacional de Venezuela, los legisladores aseguraron que no estaban informados de las cuestionables relaciones de Hernández durante las apresuradas interpelaciones de confirmación del abogado a principios de este año.
De hecho, según la propia cuenta de Hernández, sólo reveló la información comprometedora a una persona. En una entrevista con Hispano Post el 9 de agosto, declaró que había revelado su relación con Crystallex a un miembro de la administración en la sombra de Guaidó varios meses antes.
“Cuando mi nombre comenzó a escucharse para el cargo de procurador general, hablé con el embajador Carlos Vecchio”, sostuvo Hernández, “y le preparé un memorando en el que informé que hasta diciembre de 2018, yo era socio de un bufete de abogados, luego renuncié y le conté los casos que conocía, y que había sido testigo independiente en casos problemáticos, como el de Crystallex”.
A medida que salían a la luz pública las noticias de los tratos “problemáticos” de Hernández, Vecchio -el abogado de ExxonMobil que se convirtió en líder de la oposición venezolana- emergió repentinamente como uno de sus defensores más prominentes.
Un centro de preparación para la oposición patrocinada por EE.UU.
Horas después de que el Fiscal General de Venezuela abriera una investigación criminal sobre la relación de Hernández con Crystallex, los funcionarios de Guaidó en Estados Unidos en un solo coro lanzaron elogios a su asediado colega.
“En mi carrera profesional nunca he trabajado con alguien más capaz, más trabajador, más dedicado, más conocedor de la legislación y más honesto que el Procurador General Hernández”, prometió Ricardo Hausmann, representante de Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo.
Hausmann es el economista neoliberal de Harvard previamente expuesto en The Grayzone por cobrar comisiones de grandes bancos y gobiernos represivos y teocráticos, mientras atacaba a los bancos que trabajaban con el gobierno electo de Venezuela.
Hausmann proclamó en Twitter: “Los ataques contra él se basan en mentiras y falsos conflictos de intereses.”
El economista continuó con la entusiasta defensa de su amigo, refiriéndose a Hernández con un apodo: “Venezuela debe agradecer mucho a Nacho por sus contribuciones a las decisiones de la Asamblea Nacional desde 2015, por las muchas decisiones legales de la Presidencia de Juan Guaidó,y por su defensa de más de 40 demandas contra la República. Gracias Nacho.”
El enviado de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, secundó los elogios de Hausmann, twitteando, “así es, Ricardo Hausmann. El Procurador General ha sido un profesional honesto que ha contribuido en gran medida a proteger nuestros bienes y a unir esfuerzos para poner fin a la usurpación”. La defensa de Hausmann y Vecchio de Hernández no era una sorpresa, ya que el vínculo entre los tres caballeros se extendía mucho más allá de su servicio en la administración en la sombra de Guaidó.
Cada uno de los tres funcionarios estaba afiliado en diversas capacidades a la Kennedy School of Government de Harvard, un centro de entrenamiento de élite para futuros líderes de movimientos políticos respaldados por Estados Unidos en todo el mundo. Vecchio completó una maestría por cuenta del gobierno de Estados Unidos en la Kennedy School en el año 2000; el mismo año en que Hausmann ingresó a la universidad como profesor de economía.
En la actualidad, Hausmann dirige “The Growth Lab”, una filial del Centro Kennedy para el Desarrollo Internacional (CID) que “trabaja para comprender la dinámica del crecimiento y para traducir esos conocimientos en una formulación de políticas más eficaz en los países en desarrollo”. Hernández trabaja directamente bajo la dirección de Hausmann en The Growth Lab, habiendo disfrutado de una beca de CID desde 2017.
Entre los financiadores de CID se encuentran la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USTR), MasterCard y la Fundación Open Society de George Soros. El CID también recibe apoyo del Centro para el Desarrollo Global, un grupo de expertos presidido por el Secretario del Tesoro de la era Clinton, Larry Summers, que a su vez cuenta con el respaldo de la Fundación Gates, la Fundación Exxon y la Fundación Ford.
Por su parte, Hausmann insistió a The Grayzone, “Guaidó y su equipo harán todo lo posible para evitar la pérdida de CITGO que está en peligro por la imprudencia de Chávez y Maduro. Hacer creer que Guaido, José Ignacio Hernández o yo somos responsables de la vulnerabilidad en la que Maduro ha puesto todos sus activos en el extranjero es absurdo. Si quisiéramos perder a CITGO, la inacción sería suficiente”. Y añadió: “La idea de que quisiera la liquidación de Citgo es ridícula y falsa”.
Cuando esta periodista le preguntó a Hausmann sobre la decisión de Guaidó de nombrar a la junta directiva de las subsidiarias de PDVSA y la participación de Hernández en el caso Crystallex, Hausmann la bloqueó en WhatsApp. Pero los chicos venezolanos de Harvard no fueron las únicas voces de apoyo que Hernández encontró entre los principales funcionarios estadounidenses de Guaidó.
En caso de que alguien siguiera cuestionando la honestidad del abogado, el representante de Guaidó ante la Organización de los Estados Americanos, Gustavo Tarre, escribió una extensa carta en la que aludía al hecho de que había trabajado en estrecha colaboración con el padre de Hernández como testimonio de su carácter.
Vecchio protegió a Hernández en medio de más acusaciones de “fraude”
En su propio intento de controlar los daños, Hernández recurrió a TV Venezuela, una cadena de noticias con sede en Miami. “Me recusé de este caso en marzo de 2019”, dijo Hernández a la cadena el 31 de julio. Aunque no presentó ninguna prueba pública que apoyara esa afirmación, circuló una carta que supuestamente probaba la recusación a los aliados de la oposición venezolana.
La carta afirma que el abogado “decidió recusarse a sí mismo de cualquier conversación que pudieran comenzar con Crystallex” debido a “un testimonio como experto independiente” que proporcionó a la empresa “en uno de los juicios que mantuvo contra el Estado”. Fechada 13 de marzo, el documento despertó una ola de críticas de escépticos que acusaron a Hernández de engañar a Guaidó y al país en su conjunto. Entre los disidentes se encontraban otros miembros de la oposición venezolana como Jorge Alejandro Rodríguez, quien inicialmente alegó que la carta era falsa.
Rodríguez estaba tan indignado con lo que creía que era un fraude gigantesco que inició un análisis de los metadatos del documento. En una entrevista con Unión Radio, Rodríguez declaró que con base en su investigación, el documento no fue creado el 13 de marzo, como se dijo, sino en la tarde del 31 de julio, el mismo día en que fue enviado. “Es una vergüenza y un bochorno”, dijo Rodríguez al presentador de la radio anti-Maduro, Vladimir Villegas.
Los funcionarios de Guaidó explicaron la inconsistencia alegando que los metadatos del documento simplemente reflejaban la hora en que lo habían convertido en un PDF para distribuirlo entre la oposición venezolana, no la fecha en que fue escrito.
En un programa de televisión, el legislador de la oposición Oscar Ronderos prometió su pleno apoyo a Hernández solo si presentabas pruebas adicionales que demostraran que se había recusado debidamente ante el tribunal estadounidense que llevaba la causa. Hernández aún no ha aceptado la oferta. Es más, la carta no mencionaba el papel de Hernández en el caso Owens-Illinois, que todavía está en litigio. Lo más extraño es que Hernández no dirigió la recusación a su jefe, Juan Guaidó -como lo haría cualquier fiscal general- sino al enviado de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio. Exactamente cuándo, si es que alguna vez, Guaidó se enteró de los tratos de Hernández sigue siendo un misterio.
“El fraude del Sr. Hernández es contra Guaidó y la Asamblea Nacional”, afirma Rodríguez. “Vecchio ha apoyado a Hernández en todas las situaciones, y eso es algo que tampoco entiendo.” Aunque es imposible verificar las motivaciones de Vecchio y Hernández, una explicación del proceso a través del cual Citgo sería utilizado para pagar a partes interesadas como Crystallex y Owens-Illinois ofrece pistas preocupantes.
Escudriñando sobre el cadáver de CITGO
Cuando un tribunal dictamina que una corporación como Crystallex puede confiscar posiciones que pertenecen a otra como Citgo Holding con el fin de pagar la deuda, las acciones no se transfieren directamente de compañía a compañía. Más bien, el tribunal decide qué cantidad de los activos de la empresa endeudada debe ser vendida para poder reembolsar al demandante.
Si el tribunal permite que Crystallex siga adelante con su derecho de confiscar Citgo, una decisión que los observadores esperan que llegue a principios de septiembre, iniciará entonces el proceso de liquidación de los activos de la compañía por valor de 1.400 millones de dólares.
Sin embargo, Crystallex no es el único buitre que escudriña el cadáver de Citgo. La refinería enfrenta actualmente varias demandas similares, incluyendo la de Owens-Illinois. El precedente de Crystallex puede ayudar a resolver estos casos. “El caso Crystallex tiene muchas implicaciones porque abre completamente la puerta a toda la lista de empresas que demandan a PDVSA”, advirtió Rodríguez. El legislador Oscar Roderos, ex juez, señala que hasta 43 casos contra el gobierno de Venezuela podrían verse afectados por la decisión de Crystallex.
Además de las causas legales pendientes, un pago de $913 millones a los tenedores de bonos de Citgo en los Estados Unidos vence el 27 de octubre. Si Citgo deja de pagar el préstamo, los acreedores podrían entonces cobrar su enorme participación del 50,1% en la empresa.
En conjunto, estos intereses amenazan con liquidar la mayoría de los activos de Citgo Holding, proporcionando una gran ayuda a gigantes del petróleo como British Petroleum, Shell Gasoline y ExxonMobil, el antiguo empleador de Vecchio. Si Citgo es liquidada, los titanes de la industria tendrán la oportunidad de expandir su participación en el mercado petrolero a través de la compra de los activos de Citgo en una subasta supervisada por la corte. “Son subastados”, explicó Rodríguez, refiriéndose a los activos de Citgo.
Como The Grayzone lo informara en su momento, el representante de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, es un ex ejecutivo de la industria petrolera estadounidense. Vecchio pasó la mayor parte de su carrera trabajando como uno de los mejores abogados de ExxonMobil, entrando a la política sólo después de que Chávez expulsó a la compañía de Venezuela.
“No conocía ninguna de sus relaciones, y me molestó bastante cuando leí el reportaje de “The Grayzone”, dijo Rodríguez. “No es que critique a nadie por trabajar para Exxon, pero para mí esto suena como los abogados de Standard Oil Company of New Jersey, hace 100 años, escribiendo leyes venezolanas. Para mí no es divertido, es inaceptable”.
Los lazos íntimos de Vecchio con la industria petrolera ayudan a despejar el misterio detrás de su persistente encubrimiento de Hernández. De hecho, no es difícil imaginar un escenario en el que el antiguo empleador de Vecchio, Exxon, pudiera beneficiarse de la liquidación de Citgo. Sin embargo, Vecchio, Hernández y otros funcionarios de Guaidó sostienen públicamente que la protección de Citgo es primordial. En su esfuerzo por asegurar la compañía, han confiado en su aliado más leal, la Casa Blanca de Trump, y su arma preferida: las sanciones financieras unilaterales.
A pocos días del fallo de Crystallex, el presidente de PDVSA, Alejandro Grisanti, nombrado por Guaidó, anunció en Twitter que la oposición venezolana había solicitado una orden ejecutiva de Trump “para proteger los activos del país en suelo estadounidense”. Al día siguiente, Trump anunció que estaba considerando un embargo total del país.
Sanciones mortales: un motivo de celebración
El 5 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer un bloqueo total y un embargo económico a Venezuela. El Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, elogió la medida por ser la más dura que se ha tomado contra un país del hemisferio occidental en más de treinta años.
En Venezuela, cientos de miles de personas salieron a las calles de todo el país a denunciar los efectos letales del bloqueo. Mientras los ciudadanos venezolanos se preparaban para más sufrimiento, los representantes de Guaidó aplaudieron la escalada contra su país. “La oposición venezolana celebró el martes una amplia orden de sanciones estadounidenses diciendo que la medida protegería a la refinería estadounidense Citgo, de propiedad venezolana, de la confiscación por parte de los acreedores”, informó Reuters, citando fuentes cercanas a Guaidó.
El Washington Post, por su parte, señaló que aunque los medios de comunicación estadounidenses estaban preocupados por el embargo, en realidad “no había nada sobre el comercio con Venezuela en la nueva medida de EE.UU., cuyo objetivo es congelar los activos del gobierno venezolano en los Estados Unidos”.
En teoría, la congelación de activos complicaba cualquier intento de confiscar las activos de Citgo, lo que llevó al Washington Post a argumentar que fue diseñado como “un último desesperado esfuerzo por parte de la administración Trump para evitar que Guaidó y la oposición perdieran la esperanza de controlar a Citgo”.
Por su parte, Hernández calificó las caracterizaciones del decreto ejecutivo como un embargo de “desinformación”. Afirmó que “lo que este decreto prohíbe es que una empresa tome el control de los activos de Venezuela… esta es la medida de protección de activos que estábamos solicitando”. Sin embargo, algunos expertos creen que las medidas son insuficientes para proteger a Citgo.
“La orden ejecutiva, en mi opinión, no cambió básicamente nada”, dijo a The Grayzone Francisco Rodríguez (sin relación alguna con Jorge Alejandro Rodríguez), un economista venezolano y ex asesor del candidato de la oposición Henri Falcón. Explicó que los activos estadounidenses afectados por la medida ya habían sido congelados como resultado de sanciones anteriores. Interpretó la medida como un “cambio de postura en los EE.UU. Esencialmente un cambio en su estrategia de comunicación”.
Si el equipo de Guaidó realmente deseaba proteger a Citgo y otros activos pertenecientes a la República, otras voces de la oposición venezolana, como Jorge Alejandro Rodríguez, han abogado por una orden ejecutiva que incluye “todos los términos legales para decir que los activos de Venezuela no pueden ser vendidos, liquidados o confiscados”.
“Si el mandato legal era ‘proteger los activos venezolanos para la futura recuperación de Venezuela’, entonces sería un juego de pelota totalmente diferente”, explicó Rodríguez. “Por eso he criticado profundamente a los funcionarios de Guaidó, y por eso encuentro su comportamiento totalmente irresponsable.”
Además, la autoridad final con respecto a las sanciones es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que tiene la capacidad de otorgar exenciones a los requisitos de las sanciones bajo cualquier circunstancia. “Digamos que usted es el juez y que tiene que hacer que le paguen a Crystallex”, afirmó Rodríguez. “¿A qué te dedicas? Usted va a la OFAC y dice:’De acuerdo, tengo a estos tipos llamados Exxonmobil, Valero, Shell, BP y Marathon – grandes corporaciones – y estoy subastando estas acciones en un par de semanas, y necesito el permiso de la OFAC para continuar'”.
El precedente implica que la OFAC podría aprobar una excepción para los cobradores de deudas como Crystallex. El 21 de mayo de 2018, OFAC emitió una renuncia afirmando el derecho de los tenedores de bonos de PDVSA a ejecutar la hipoteca sobre Citgo si el gobierno venezolano incumpliera con su préstamo, sugiriendo que Crystallex podría gozar del mismo privilegio.
Los funcionarios de Guaidó hicieron un pago de intereses de $71 millones a los acreedores a principios de este año, lo que llevó a los críticos a criticar a los ejecutivos de PDVSA nombrados por Guaidó por apaciguar a los tenedores de bonos en lugar de invertir el dinero en Venezuela. Hernández respondió alegando que las sanciones les impedían utilizar el dinero para cualquier otra cosa.
“Lo que eso significa es que obtuvieron autorización de la OFAC para hacer el pago”, explicó Francisco Rodríguez, “lo que eso te está diciendo es que -si tomas las palabras [de Hernández] a la letra- el gobierno de Estados Unidos sólo les está permitiendo usar el dinero para pagar a los tenedores de bonos, pero no les está permitiendo usar el dinero para abordar la crisis humanitaria de Venezuela”.
“Pagar a los tenedores de bonos, desde mi punto de vista, fue criminal”, afirmó Jorge Alejandro Rodríguez.
Según Francisco Rodríguez, parece haber una división entre los intereses del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que quiere que los acreedores sean pagados, y la Casa Blanca, que reconoce el impacto negativo que la pérdida de Citgo tendría en su sueño de un cambio de régimen en Venezuela. Es difícil imaginar cómo Guaidó, un opositor inexperto y hasta ahora desconocido, podría recuperarse políticamente si el país perdiera su activo internacional más valioso bajo su vigilancia.
Proteger a Citgo “sería lo mejor para el conjunto”, dijo Jorge Alejandro Rodríguez, “pero podría haber intereses particulares, intereses específicos, trabajando para que eso no ocurra”. Sugirió que el interés podría ser, por ejemplo, una “gran corporación diciendo: ‘somos nosotros, esto es lo que queremos hacer. Y no me importa si todos los intereses de EE.UU. en Venezuela son jodidos. Voy a conseguir el mejor corte[de Citgo]. Básicamente estás matando a la vaca porque quieres comer el lomo”.
Dirigir el “gobierno” de Venezuela a través de WhatsApp
Siete meses después de que los Estados Unidos reconocieran a Juan Guaidó como Presidente de Venezuela, el joven político aún no ha ganado el control de ningún ministerio gubernamental tangible ni ha reunido nada que se asemeje a un gabinete apropiado.
En cambio, Guaidó se ha apoyado en un grupo de operativos mucho más experimentados y bien conectados para que sirvan como sus representantes en los Estados Unidos. Su fe ciega ha provocado que otros miembros de la oposición venezolana adviertan que pronto podría caer de bruces ante un fracaso catastrófico.
“No he podido comunicarme con él sobre este tema”, dijo Jorge Alejandro Rodríguez de Guaidó. Dijo que también había exhortado a los legisladores venezolanos a no dejar los intereses del país “en manos del Sr. Hausmann, que ha estado fuera de Venezuela durante veinticinco o treinta años, del Sr. Hernández, que dejó el país hace diez años, y del Sr. Vecchio, que dejó el país” en 2015.
“Soy más pesimista a medida que pasan los días, pero mantengo viva en mi corazón la esperanza de que algunas personas recobren el sentido, gente como Guaidó”, reflexionó el veterano analista financiero. “Espero que se dé cuenta antes de que perdamos definitivamente y finalmente”.
Francisco Rodríguez, quien dirigió el equivalente venezolano de la Oficina de Presupuesto del Congreso entre 2000 y 2004, cree que la crisis de Citgo es sintomática de un problema más amplio. Espera que la Asamblea Nacional de Venezuela haga un mayor esfuerzo para asegurar la transparencia de Guaidó y su equipo en el extranjero.
“He defendido que la Asamblea Nacional se tome en serio aquí su papel contralor”, explicó, describiendo la administración de Guaidó como “un gobierno muy extraño” debido a la falta de mecanismos de control interno y externo que son comunes en los órganos de gobierno normales. “Es un gobierno que no está sujeto a ningún control. No están controlados por ningún poder judicial”, dijo. “No hay presupuesto, ni rendición de cuentas ni supervisión. Estos tipos dirigen el gobierno venezolano en los chats y las cuentas de gmail de WhatsApp”.
Según Francisco Rodríguez, incluso lo que él describe como partidos de “oposición dominante” con un “trasfondo más moderado”, como Acción Democrática y Un Nueva Tiempo, están profundamente preocupados por el riesgo de posibles malversaciones dentro del régimen de Guaidó.
“No es una cuestión de honestidad, es una cuestión de incentivos”, afirmó. “Si se pone en un gobierno sin ningún tipo de supervisión sobre la gestión de los recursos, es probable que surjan escándalos de corrupción”. Pero desafortunadamente, dijo, su deseo de rendición de cuentas está restringido por la oposición de “línea dura” que acusa a todos los críticos de simplemente “jugar el juego de Maduro”.
Ya sea que Crystallex, Exxon u otro grupo de acreedores y corporaciones emerjan o no como el gran ganador, si Citgo es liquidada sólo habrá un perdedor: el pueblo venezolano.
José Ignacio Hernández Crys… por The Grayzone
Anya Parampil es una periodista con sede en Washington, DC. Ha producido y varios documentales, incluyendo reportes de la península de Corea, Palestina, Venezuela y Honduras.
