Los abogados de Julian Assange señalaron a una operación de vigilancia de la CIA mediante una contratista de Sheldon Adelson y el rechazo público de la administración Trump por el acusado como evidencia de que de ser extraditado, el fundador de Wikileaks enfrentaría riesgos graves.
Por Kevin Gosztola
Traducido por Diego Sequera
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La defensa del fundador de Wikileaks y ciudadano australiano Julian Assange, alegó que el director de una compañía española de seguridad conocida como Undercover Global fue contratada por Sheldon Adelson, un multimillonario pro-israelí, quien es uno de los principales donantes del presidente Donald Trump.
La acusación se realizó durante el primer día de las audiencias de extradición que duran una semana y que se están desarrollando en el Tribunal de Woolwich, en Londres. La corte está adyacente a la Prisión de Su Majestad de Belmarsh, donde Assange se encuentra detenido.
Lo que ocurra esta semana servirá como precuela a una audiencia más sustancial fechada para finales de mayo o principios de junio.
Como reportó el periódico español El País, Undercover Global fijó como objetivo a Assange cuando vivía en la embajada de Ecuador en el Reino Unido, espiándolo 24/7 como intermediaria de la CIA.
Personal de la compañía vigiló reuniones entre Assange y sus abogados. El editor de Wikileaks se vio con su equipo legal en el baño de mujeres para asegurar privacidad, pero eso no importó: ya habían plantado micrófonos ahí también.
Undercover Global es propiedad y está dirigida por David Morales, un ex oficial del ejército español que entrenó a unidades de operaciones especiales de la naval.
Otro reportaje posterior de El País reveló que Morales estuvo en Alexandria, Virginia, en marzo de 2017, a casi 10 kilómetros de Washington D.C. El diario español señaló que “Alexandria es el hogar de la corte federal estadounidense que ha estado investigando por años al ciberactivista australiano y que ha solicitado su extradición del Reino Unido”.
Edward Fitzgerald, abogado de la defensa de Assange, alegó que Morales, en 2017, regresó de Las Vegas luego de asistir a una feria de seguridad. Mientras estuvo en los Estados Unidos, Morales firmó un contrato para proveer de seguridad al yate privado de Adelson, y presuntamente negoció un “acuerdo complementario” para pasarse al “lado oscuro” y espiar a Assange para la inteligencia estadounidense.
Un informante que trabajó en Undercover Global, referido ante la corte como “Testigo #2”, reveló cómo era recolectada la data y subida a diario a un servidor remoto. La inteligencia estadounidense accedía a esta información. Grabaciones originales que incluyen sonido fueron recolectadas desde varios micrófonos cada 14 días.
Al parecer, empleados de la compañía discutieron medidas más extremas, como secuestrar o envenenar a Assange. El escenario de secuestro involucraba dejar una puerta de la embajada abierta para que los oficiales o agentes, a nombre de la inteligencia estadounidense, pudiera entrar rápidamente y llevarse a Assange.
A Testigo #2 las sugerencias de “medidas extremas” le resultaron alarmantes, y varios empleados llegaron a creer que el rumbo que tomaba Morales era peligroso.
Alrededor del 21 de diciembre, 2017, el gobierno ecuatoriano le concedió “estatus diplomático” a Assange. La inteligencia estadounidense lo espiaba y supo de este desarrollo. En esa misma fecha, se giraron una denuncia penal por “uso incorrecto de computadora” y una extradición bajo “orden judicial provisional”. Su acusación se convirtió en un “imperativo político”.
La operación de espionaje no se limitó a Assange. Fueron compilados informes sobre periodistas, abogados, médicos y cualquier ciudadano ruso o estadounidense que visitara a Assange.
De acuerdo a El País, en un punto de seguridad, los visitantes eran instruidos a “entregar sus carteras o bolsos, computadoras, dispositivos electrónicos y celulares”.
Mientras que los visitantes se reunían con Assange, empleados de la compañía recopilaban informes que podían compartir con la CIA vía un servidor en Jeréz de la Frontera. Se dice, también, que el FBI tuvo acceso a esos archivos.
Assange fue expulsado de la embajada ecuatoriana en abril de 2019. Tras su expulsión, sus papeles confidenciales fueron incautados y entregados por el gobierno neoliberal del presidente Lenín Moreno al gobierno de los Estados unidos, que fueron quienes iniciaron una campaña de presión para forzar la salida de Assange de la embajada.
Fitzgerald argumentó que esto era evidencia de la politización del caso por parte de la administración Trump. Dada la naturaleza maliciosa de la operación de espionaje, Assange tenía “razón en temer” las motivaciones políticas de Trump. Y, de ser extraditado, enfrentaría riesgos reales al ser llevado a los Estados Unidos dadas estas medidas extremas.
La defensa resumió lo que ellos describieron como un “interludio extraño” en la cronología del caso, en el cual el ex congresista republicano Dana Rohrabacher y un activista de derecha llamado Charles Johnson se reunieron con Assange en la embajada, en agosto de 2017.
Los abogados de Assange también manifestaron que hubo una discusión sobre un perdón preventivo “a cambio de asistencia personal en la investigación al presidente Trump” sobre el supuesto involucramiento ruso en el hackeo de los correos del Comité Nacional Demócrata.
Los abogados de Assange le dijeron a su cliente que Trump estaba consciente de que se estaban reuniendo y aprobó una propuesta que lo beneficiaría políticamente, mientras que al mismo tiempo evitaba la sentencia y la extradición. Sin embargo, luego de que la defensa adelantó estos argumentos la semana pasada, Rohrabacher negó haber estado actuando bajo órdenes de Trump.
“El propio presidente Trump niega todo. Pero en las palabras inmortales de Mandy Rice Davies: ‘Es lo que haría, ¿no?’”, le dijo Fitzgerald a la corte. “Y podrían haber más situaciones desarrolladas en relación a este aspecto particular del caso, provocado por la cobertura pública de estos alegatos la semana pasada”.
“Decimos que todo este asunto del perdón demuestra que justo cuando se inició el proceso en diciembre de 2017 con intereses políticos, también la administración Trump estaba preparada para usar la amenaza de investigación como un medio para extorsionar u obtener ventajas personales políticas del señor Assange”, agregó Fitzgerald.
La defensa señaló la obsesión del poder de Trump, junto a los ataques a los medios, para concluir que el tribunal debía mantener la solicitud de extradición. Vincularon lo que le había pasado a Assange con casos débilmente amarrados a las acusaciones del Russiagate, donde Trump le había ofrecido perdones si podía extraer algún beneficios de los acusados.
El caso de Assange demuestra cómo “la línea divisoria entre el alto ejecutivo, el ejecutivo político, está siendo borrado como ha ocurrido en muchos otros ejemplos recientes. De acuerdo a la defensa, la historia provee la evidencia más clara de que la extradición es un “abuso del proceso” que constituye mala fe y abuso de poder por parte de Trump.
En 2013, el para entonces portavoz del Departamento de Justicia, Mathew Miller, explicó la decisión bajo la presidencia de Barack Obama de no imputar a Assange: “Si no vas a procesar periodistas por publicar información clasificada, en la que no lo está el departamento, entonces no hay manera de procesar a Assange”.
Para la defensa, la reversión de esta decisión por parte de la administración Trump es otro ejemplo reluciente de funcionarios jugando a la política; y la politización del propio caso por puro odio a Assange y sus opiniones políticas.
La defensa hizo un recuento de “la mera escala y significación de las revelaciones” que Assange y Wikileaks sacaron a la luz. “Van desde un video de soldados estadounidenses disparándole a civiles desarmados desde un helicóptero, a la brutal tortura de presos en Irak y la revelación de las verdaderas cifras de muertes civiles resultado de la invasión”, manifestaron ante tribunal. “Tales revelaciones obviamente lo ponen en la mira de los agresivos ideólogos del ‘America First’ de la administración Trump”.
Funcionarios de alto nivel como el Secretario de Estado Mike Pompeo han descrito a Wikileaks como una agencia de inteligencia no-estatal hostil, y que por lo tanto Assange no tenía derechos amparados en la Primera Enmienda. Lo han denunciado públicamente en formas que la defensa considera que son perjudiciales, en las que se abroga el decoro que se espera que los funcionarios sostengan cuando discuten casos legales.
En un testimonio pericial presentado a la corte, el profesor Noam Chomsky declaró que “al sostener con coraje las creencias políticas que la mayoría de nosotros profesamos compartir, ha realizado un enorme servicio a todas esas personas en el mundo que atesoran valores como la libertad y la democracia, y quienes por lo tanto reclaman el derecho a saber lo que hacen sus representantes electos”.
“Así que el impacto positivo de Julian Assange en el mundo es innegable”, reflexionó Chomsky. “La hostilidad que le ha provocado a la administración Trump es igualmente innegable”.
