Benjamín Norton reporta desde Nicaragua, donde la embajada de los Estados Unidos y la OEA han cabildeado con éxito por la liberación de criminales violentos que lideraron un intento de golpe de estado en 2018. Algunos de estos llamados “presos políticos” han apuñaleado a sus novias embarazadas, han violado y han matado.
Traducido por Diego Sequera
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JINOTEPE, NICARAGUA – “Fue un error dejarlo salir. Porque, tal vez, si estuviera encerrado, no hubiera matado a mi sobrina”, clamó Yadira Acevedo, aguantando las lágrimas.
“Lo que pedimos es justicia”, continuó mientras me enseñaba las fotos de Ruth Aburto, una mujer joven, desde su teléfono con la pantalla agrietada.
Sobre el asesino de su sobrina, el mensaje era sencillo: “¡Tiene que pagar!”.
De no haber sido por los esfuerzos de la oposición nicaragüense, o la presión del gobierno de los Estados Unidos, hoy en día Aburto estaría viva.
Trágicamente, el nombre del novio apareció en una base de datos de supuestos “prisioneros políticos” compilada por los principales grupos de oposición, apoyados por Estados Unidos. Muchas de estas figuras fueron encarceladas por su participación en el intento violento de derrocar al gobierno democráticamente electo de Nicaragua en 2018: un putsch fallido que se apoyó en la participación pesada de criminales de carrera para mantener bloqueos callejeros en todo el país.
Quien luego sería el asesino de Aburto fue liberado en el proceso de amnistía exigido por Washington y la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2019. De ahí salió a apuñalar tres veces en la nuca a su novia, de 22 años y embarazada, dejándola morir sobre un charco de su propia sangre.
Otros supuestos presos políticos que fueron defendidos por la oposición nicaragüense no habían sido condenados por violencia política, sino por delitos como asesinato, violación y narcotráfico.
Los amplios indultos a estos prisioneros fueron controversiales para la base de izquierda del gobierno sandinista. Muchos activistas vieron a sus amigos y seres queridos torturados e incluso brutalmente asesinados por los presos durante el intento de golpe, y querían que sus sentencias fueran cumplidas.
Pero la presión sobre el gobierno nicaragüense para que liberase a los insurgentes apresados fue intensa y multifacética; provino no sólo de dentro del país, sino también desde poderosas fuerzas desde fuera, incluyendo a Estados Unidos, la OEA y las muy bien financiadas ONGs internacionales de derechos humanos.
La liberación de estos presos mediante el proceso de amnistía derivó en una nueva serie de crímenes que han estremecido a la sociedad nicaragüense, despertando preguntas sobre la verdadera agenda de la oposición política del país y su relación con redes criminales violentas.
Viajé a Nicaragua para conversar con miembros de las familias de las víctimas y para croniquear la escandalosa historia de cómo la oposición política de derecha, las élites empresariales, el gobierno de los Estados Unidos y la OEA unieron sus fuerzas para liberar a una lista de asesinos, violadores, traficantes de drogas que los habían etiquetado como valerosos disidentes.
A través de mi cobertura, me encontré con dolientes de las familias que me contaron entre lágrimas que los delincuentes liberados eran “psicópatas” que deberían haber permanecido entre rejas. Imploraron a los medios internacionales que atendieran su llamado, pero, hasta ahora, la prensa en inglés ha ignorado el escándalo.
“Creo que si la Alianza Cívica [el grupo paraguas de la oposición] alega que él es un ‘preso político’ lo van a liberar de nuevo, y creo que eso no está bien”, me señaló Rosa Acevedo, la prima de Ruth. “Es un asesino”.
“Este tipo de persona”, continuó, su voz cargada de rabia, “¡son los parásitos de la sociedad, son escoria!
‘Preso político’ amnistiado apuñala a su novia hasta matarla
Durante el intento de golpe de 2018 y su secuela, la oposición nicaragüense, apoyada por los Estados Unidos, exigió de forma incesante la liberación inmediata de todos los supuestos presos políticos, sin condiciones.
Era difícil de esclarecer qué definía exactamente a un preso político. Los principales grupos de oposición usaban el término de forma libérrima, en esencia para referirse a todo aquel que fue detenido durante la intentona golpista. Cientos de insurgentes fueron encerrados por crímenes perpetrados en los “tranques”, o las barricadas que los putschistas levantaron en un intento por paralizar el país y arrebatarle territorio al gobierno sandinista.
Para el 19 de julio de 2018, los esfuerzos golpistas lanzados en abril se desinflaron. Esta fecha marca la celebración anual de la Revolución Sandinista de 1979, en la que los revolucionarios derrocaron una dictadura de derecha que por décadas había sido sostenida por Washington, y cientos de miles de nicaragüenses se concentraron en la capital, Managua, para conmemorar el alzamiento, y exigir por la paz.
Pero el fracaso del putsch, que duró tres meses, no aseguró el tipo de estabilidad que había disfrutado el país por tantos años luego de la guerra civil en los 80. Así que el presidente Daniel Ortega lanzó una Comisión de la Verdad, Justicia y Paz para supervisar la creación de 10 mil comités de reconciliación a nivel local que reunificara de nuevo al país.
Bajo mucha presión del gobierno estadounidense, la OEA y los medios internacionales, el gobierno sandinista acordó negociar con la oposición una amnistía general para los presos, en febrero de 2019.
El grupo de “presos políticos” que terminó siendo defendido en estas negociaciones fue en esencia escogido por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), una coalición de grupos de oposición de derecha y élites empresariales formado durante el intento de golpe de 2018, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
La Alianza Cívica, dirigida por familias adineradas que habían gobernado Nicaragua antes de la llegada de los sandinistas al poder y que coordina de forma estrecha con Washington y la OEA, se sentó en la mesa frente al gobierno en las conversaciones por la amnistía, sirviendo como la voz oficial de la oposición.
La Alianza Cívica escogió para su liberación a un grupo de “presos políticos” valiéndose de la investigación de un aliado cercano dentro de los grupos de oposición: el Comité Pro Liberación de Presos Políticos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Esta última organización ha recibido duras críticas por publicar información dudosa y parcializada sobre la cifra de muertos en 2018.
Este caso no fue la excepción dentro de esta tendencia problemática. El Comité Pro Liberación y el CENIDH usaron un conjunto de datos casi idénticos, el cual incluía a numerosos asesinos y violadores, algunos que habían sido arrestados bastante antes de iniciarse el intento de golpe de estado.
El 27 de febrero, el primer día de las negociaciones, el presidente Ortega dio su aprobación para una concesión significativa: la liberación de 100 presos incluidos en la base de datos de la oposición. Este gesto diplomático fue continuado con una serie de perdones a otra centena de “presos políticos” al mes siguiente.
El compromiso de Ortega fue celebrado por la prensa, que de forma ciega se hacía eco de la perspectiva de la oposición. El principal periódico de España, El País, se refirió a los delincuentes amnistiados como “presos políticos”. El gigante corporativo y transnacional Univisión adoptó el mismo lenguaje, del mismo modo que lo hizo Voice of America, propiedad del gobierno estadounidense.
La Prensa de Nicaragua, voz de la oposición de derecha que históricamente ha sido fuertemente financiado por el gobierno de los Estados Unidos para promover propaganda anti-sandinista, publicó un reportaje el mismo día sacando una lista de los 100 “presos políticos” liberados por el “régimen orteguista”.
Una de las personas incluidas en la lista de La Prensa fue Jeison Joesma Castro Ortez. Originalmente arrestado en julio de 2018, en el medio del intento de golpe, fue sentenciado a 13 años acusado de terrorismo, asalto a mano armada y crimen organizado.
Oficiales de la policía nicaragüense dijeron que había intentado detonar una bomba improvisada cerca de una barraca policial en la ciudad de Jinotepe. Castro Ortez fue sentenciado por el intento de asesinato y robo a personas que pasaban por el tranque que capitaneaba.
De forma similar, Castro Ortez apareció en la base de datos de “presos políticos” compilada por el CENIDH y el Comité Pro Liberación de Presos Políticos alineados con la Alianza Cívica, data que publicaron en el portal NicasPresosPoliticos.org y que fue posteriormente utilizada en las conversaciones para la amnistía.
Este grupo defensor de los “presos políticos” también parece ser financiado por el brazo de cambio de régimen de los Estados Unidos, el National Endowment for Democracy (la NED), una fuente de financiamiento fundamental de la oposición en Nicaragua.
Y, una vez más, Castro Ortez fue incluido en la lista de “presos políticos” compilada por el Observatorio de Derechos Humanos de Nicaragua. En su portal, este grupo le atribuye sus hallazgos al CENIDH, al Comité Pro Liberación de Presos políticos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Mientras que organizaciones de “derechos humanos” claramente apoyadas desde el extranjero cabildearon con fuerza por la liberación de presos como Castro Ortez, su defensa en última instancia derivó en mayor violencia sin sentido en toda Nicaragua.
De hecho, tras ser liberado en febrero de 2019, este presunto “preso político” volvió a sus andanzas violentas.
La desolada muerte de Ruth Aburto
En enero de 2020, fue brutalmente asesinada en su casa en Jinotepe una joven llamada Ruth Elizabeth Aburto Acevedo. Su novio la mató, primero perforando su mano y luego apuñalándola tres veces en la nuca. Luego abandonó el sitio, dejándola agonizando en su propia sangre, antes de que fuera eventualmente detenido por la policía.
Aburto apenas tenía 22 años. Y estaba embarazada. Su novio también mató a su hijo por nacer.
El hombre que la asesinó de forma tan monstruosa se llamaba Jeison Castro Ortez, el supuesto “preso político” cuya liberación había asegurado exitosamente la oposición apenas 11 meses atrás.
Medios nicaragüenses como La Prensa y 100% Noticias publicaron una serie de reportajes sobre el notorio femicidio. Pero la cobertura de estos portavoces de la derecha convenientemente dejaron de mencionar que la libertad del asesino –la muerte atroz de su novia– fueron resultados del lobby de la oposición.
Familiares de la víctima denuncian la liberación de un ‘psicópata’ asesino
Viajé a un pequeño poblado en las afueras de Jinotepe, a casi una hora y media por carretera desde la capital, para hablar con miembros de la familia de Ruth Aburto Acevedo.
Dentro de la casa donde Ruth fue criada, una modesta estructura con una nueva mano de pintura amarilla afuera y un interior por donde pasa la brisa, conocí a la tía de Ruth y dos de sus primas.
La sensación de duelo era palpable de inmediato. La madre de Ruth había fallecido casi un año antes de que ella fuera asesinada. Preocupados por la abuela de la víctima, cuya precaria salud la dejó en cama desde que supo la noticia, no podía soportar la verdadera historia, así que la familia en su lugar le dijo que Ruth había fallecido en un accidente.
Conversé primero con la tía de Ruth, Yadira Araceli Acevedo Vado. Entre lágrimas, Yadira describió a Ruth como una enfermera trabajadora que amaba su trabajo y le apasionaba ayudar a las personas.
Yadira con frecuencia describió al novio de su sobrina como un “asesino y un psicópata”, un criminal que la asustaba durante los pocos encuentros que tuvieron.
Se lamentó que haya sido liberado, insistiendo que “Estuvo mal liberarlo. Porque tal vez si hubiera estado encerrado no hubiera asesinado a mi sobrina”.
“Lo que pedimos es justicia”, insistió. “Tiene que pagar”.
Su descripción de Jeison Castro Ortez calza con el arquetipal “vándalo”, un término empleado por los nicaragüenses para referirse a los criminales violentos que participaron en la intentona.
En el discurso popular, los nicaragüenses pro-gobierno (que constituyen dos tercios de la población) se refieren a quienes participaron en los tranques como “criminales” y “delincuentes”.
Algunos de los participantes del golpe admitieron haber sido pagados por sus actividades, y no sólo con efectivo, sino también con drogas. En nuestra entrevista, la caracterización que Yadira hizo de Castro Ortez reflejaba esta imagen.
“Estuvo saliendo con este hombre por cuatro meses”, explicó Yadira. “Siempre lo vimos como extraño. Siempre la traía y luego se iba. Llegaban juntos y él siempre la dejaba. Pero nunca pensamos que llegaría a esto”.
“Y a veces le dije, porque un día ella apareció con un ojo morado y le pregunté ‘Ruth, ¿qué te pasó?’, mientras la abrazaba y le daba un beso. Ella levantó su cara y me dijo, ‘Nada, tía. No pasa nada conmigo’. Así que le dije ‘Mira, dinos si este hombre te ha hecho algo’. Ella bajó su cabeza y no dijo nada”, recuerda su tía.
Yadira describió a Ruth como una mujer joven gentil con un corazón amoroso, que al final se encontró a sí misma atrapada en una situación trágica de la que sólo ella podía liberarse.
“Desafortunadamente, se topó con este hombre, este animal, en su camino”, reflexionó la tía. “Y ahora lo que queremos es justicia, para que no haya impunidad, para que pague por lo que hizo. Sus hermanos, todos nosotros, estamos destrozados. Y ahí está mi madre, en cama, devastada”.
Yadira constantemente hacía referencia a Castro Ortez como un “psicópata” y un “animal”. Dijo que hacía comentarios violentos la primera vez que lo conocieron.
“Un día la estaba interrogando”, recuerda. “Así que le dije, ‘¿Estás celoso?’ [y él respondió], ‘Sí, estoy celoso. Tan celoso que pudiera matar a mi propia madre por celos’. Eso fue lo que me respondió”.
Yadira se dio cuenta de que Ruth comenzó a transformarse durante la breve relación de cuatro meses con Castro Ortez. Le borró aplicaciones del teléfono como Whatsapp y Facebook, separándola de la familia y de sus amistades. Incluso la forzó a vestirse diferente.
“Lo que él hizo fue violencia doméstica. Simplemente porque es un psicópata y un asesino”, dijo Yadira, agregando que tenía un hijo con otra ex novia a quien también había amenazado con violencia.
Recordó cómo Castro Ortez participó en las barricadas violentas de la oposición en Jinotepe, uno de los lugares clave de la violencia indiscriminada contra miembros del Frente Sandinista.
“Sí, él estaba en Jinotepe. Pero no nos habíamos dado cuenta hasta que hizo lo que hizo. Lo mantenía en silencio”, dijo Yadira. “Incluso llegó a matar gente. Eso es lo que se dice. Que mató a gente ahí [en Jinotepe]”.
Agregó que “Si él era capaz de hacerle eso a su sobrina, a sangre fría, imagina cómo la mató y la torturó y todo eso, podrás imaginar también que era capaz de hacer otras cosas”.
La tía de Ruth dijo que nunca escuchó a Castro Ortez hablando de política. Ella asumió que le pagaban por participar en los tranques.
Tenía un pasado dudoso previo al golpe, señaló Yadira: “Sé que dijo que había estado en Colombia por mucho tiempo, y que luego estuvo en Panamá”. No queda claro qué estuvo haciendo en esos dos países.
Cuando le dije a Yadira que Castro Ortez fue incluido en la lista de presos políticos de la oposición, reaccionó desconcertada.
“Fue un error dejarlo salir. Porque tal vez, si estuviera preso, no hubiera matado a mi sobrina. Porque lo que hizo duele de verdad”, dijo.
“Queremos que pague por lo que hizo. No queremos que sea liberado. Queremos que le den pena máxima. Es una persona que no merece ninguna clase de perdón, de ningún tipo. No puede salir de ahí”, insistió Yadira.
Y agregó: “Y le estamos pidiendo ayuda a los medios y todo; que nos ayuden con eso”.
‘Lo que hizo fue un femicidio’
Rosa Idalia Acevedo Acevedo, una de las primas de Ruth, estaba claramente enfurecida por la liberación, en febrero de 2019, de los llamados “presos políticos” como Jeison Castro Ortez.
“En mi opinión, la gente así no debería existir. Porque en cuatro meses, tuvo cuatro meses para conocerla y cometer esa barbaridad contra ella”, dijo. “No sólo que la mató, sino que antes de matarla, la persiguió en la habitación, y primero la torturó”.
Rosa agregó que “Gente así, no creo que deban existir o vivir, porque no se detuvo a la primera puñalada. La apuñaleó una y otra vez, hasta que a la tercera, la mató”.
La prima señaló que la madre de Ruth había muerto apenas un año antes de que ella misma fuera asesinada. A Ruth le tocó cuidar de sus dos hermanos.
A casi 15 días antes de ser asesinada, Ruth también visitó la casa que visitamos, y le contó a su familia sobre los planes que tenía de seguir estudiando, y que se había inscrito en la universidad. Estaba planificando su futuro, antes de que su vida fuera segada.
“Lo que le pedimos al gobierno es que haga justicia. La gente que mata, y viola, no debe ser liberada de prisión. Necesitan quedarse ahí. Porque si salen, salen con más fuerza. Y con más deseos de matar y violar”, dijo.
Por su lado, Rosa también confirmó que Castro Ortez estuvo en las barricadas violentas en Jinotepe durante el intento de golpe.
“Estaba participando en los tranques. Pero al principio no nos habíamos dado cuenta”, dijo. “No sabíamos si le había hecho algo a alguien más. Hasta ahora”.
La prima sospechó que había matado a otras personas. Destacó que él viajaba mucho, y que hubo otra mujer asesinada en el departamento de Cazaro, donde vivían.
“En Facebook, la gente manda muchas cosas, y eso me hizo llegar a alguien diciendo que ella no era la primera [víctima del asesino]”, recordó Rosa.
Ella fue más dura en su condena a la gente que cabildeó por la liberación de Castro Ortez.
“Creo que si la gente de la Alianza Cívica dice que es un ‘preso político’ van a liberarlo de nuevo, y creo que eso está mal. Es un asesino”, dijo Rosa.
Le hizo un llamado a la oposición para que investigaran mejor. “Tienen que investigar bien a su gente”.
“Lo que queremos es justicia. Ella estaba embarazada. Así que es un doble homicidio. Y esto tiene que revisarse de cerca. Porque no creo que le vayan a dar sólo 20 o 10 años a alguien que mató a una persona y un bebé”.
Rosa agregó que “Este tipo de personas son parásitos de la sociedad, son bazofia”.
Otra prima de Ruth, Maykeling Acevedo, insistió en los comentarios que me hizo que Castro Ortez nunca debió ser liberado, y que aquellos que cabildearon por su liberación tienen sangre en sus manos.
“Lo que hizo fue femicidio. No es un preso político”, dijo Maykeling. “Lo que dice la Alianza Cívica es ridículo, es un asesino de mujeres”.
Maykeling, que como Ruth también trabaja en el área de la salud, me dijo que “Queremos que esté en prisión. Queremos justicia”.
Hombre acusado de asesinar a una señora mayor en 2016 en la lista de ‘presos políticos’
Jeison Castro Ortez no es el único criminal violento incluido en la lista de supuestos “presos políticos” de la oposición nicaragüense.
Otro hombre incluido en la lista, Norlan Alberto Garzón Angulo, fue arrestado en 2016 —mucho antes de iniciarse el intento de golpe en 2018— y acusado junto a otro hombre de violar y asesinar a una mujer de 82 años de edad.
En marzo de 2017, su co-acusado fue sentenciado con 35 años de cárcel por violación y asesinato, cargos que fueron aceptados. Pero Garzón Angulo continuó negando su involucramiento en los crímenes. Se ha reseñado que ha intentado alegar tener problemas de salud mental para que el caso sea desestimado.
Este presunto caso de violación y asesinato de una mujer mayor no impidió que la oposición nicaragüense y su camarilla de organizaciones de “derechos humanos” el incluyera a Garzón Angulo en la lista como otro preso político.
Existen informes similares de otros supuestos “presos políticos” que fueron liberados por el proceso de amnistía patrocinado por los Estados Unidos y la OEA, que también fueron acusados de violación y asesinato. Pero, hasta este punto, este escándalo no ha recibido atención alguna por parte de medios en inglés.
La embajada de los Estados Unidos hace lobby por la liberación de los ‘presos políticos’ violentos
La presión que los poderes extranjeros ejercen sobre Nicaragua para que libere a estos llamados “presos políticos” fue tremenda. Y hasta hoy en día, la presión continúa, incluso luego de que el gobiernp sandinista ha realizado varias concesiones y aprobara la emblemática ley de amnistía.
El gobierno estadounidense y la OEA estuvieron profundamente involucrados en el proceso de amnistía y en la campaña para liberar a los “presos políticos”. Ambas instituciones trabajaron de forma estrecha con la oposición y cabildearon por la liberación de asesinos como Jeison Castro Ortez.
A lo largo del intento de golpe de 2018, la embajada de Estados Unidos en Nicaragua exigió de forma constante “la liberación incondicional de todos los presos políticos, un comunicado tras otro. Cuando el presidente Ortega inició el diálogo para perdonar y liberar a los insurgentes encarcelados, el embajador norteamericano, Kevin K. Sullivan, tuiteó su aprobación: “El compromiso de liberar a todos los presos políticos es un paso positivo. Deben liberarlos lo más pronto posible”.
En estos esfuerzos, Washington se apoyó de forma considerable en la Alianza Cívica y su lista de supuestos “presos políticos”, enfatizando de forma repetitiva en notas de prensas oficiales que “Los Estados Unidos continúan apoyando a la Alianza Cívica de Nicaragua y sus esfuerzos por representar los intereses de los nicaragüenses en defensa de la libertad, la justicia, la democracia y el cambio”.
La Alianza Cívica ha actuado como el títere del gobierno estadounidense, coordinando de forma estrecha con la administración Trump para que intensifique la presión sobre el gobierno sandinista.
Hoy me reuní con la Nicaragua Freedom Coalition en #WashingtonDC. Su importante trabajo en la diáspora nicaragüense une esfuerzos de los que promueven la democracia en #Nicaragua con @AlianzaCivicaNi y @UnidadNic #UnidadNacional pic.twitter.com/9xHlmwN3Jf
— Kevin K. Sullivan (@USAmbNicaragua) June 3, 2019
Cuando el proceso de diálogo con el presidente Ortega comenzó en febrero de 2019, la Alianza Cívica actuó como la voz oficial de la oposición, y el gobierno de los Estados Unidos prestó su servicio como el hermano mayor político y su patrocinador internacional. La relación era tan obvia que el gobierno sandinista propuso liberar a gente de la lista de “presos políticos” sólo si la Alianza Cívica le pedía a su red de apoyo en Washington que levantara las sanciones impuestas, que habían socavado la economía y aumentado las dificultades para la clase trabajadora del país.
El gobierno estadounidense también financió la red de “presos políticos” que promovió la amnistía. La NED, un frente de la CIA que promueve los intereses vía soft-power de los Estados Unidos al poner el dinero para que las fuerzas de oposición de los países objetivo de cambio de régimen, le otorgó en 2019 al menos 50.000 dólares a grupos dedicados a “hacer consciencia de la situación de los presos políticos de Nicaragua, de acuerdo con una búsqueda en la base de datos sobre las subvenciones realizadas por la organización.
A pesar de no especificarse la organización receptora, claramente hace referencia a los grupos opositores que trabajan bajo el paraguas de la Alianza Cívica. (50.000 dólares puede que no sea mucho en los Estados Unidos, pero en Nicaragua, el segundo país más pobre del hemisferio occidental, donde el sueldo mínimo ronda entre los 200 y 300 dólares mensuales, es una suma de dinero considerable.)
The Grayzone le envió una detallada solicitud de declaración a la embajada de los Estados Unidos en Nicaragua, describiendo el contenido de este reportaje y el escándalo que involucra a Jeison Castro Ortez. Un representante de la embajada respondió varios días después con dos oraciones genéricas: “El Departamento de Estado ha publicado un número de declaraciones en relación a la política de los Estados Unidos respecto a Nicaragua. No tenemos más que agregar pero apreciamos que nos hayan ofrecido la oportunidad para hacerlo”.
Grupos de ‘derechos humanos’ se unen a la campaña y cabildean por sanciones
A la enorme campaña de presión del gobierno estadounidense contra Nicaragua se le unieron organizaciones internacionales de “derechos humanos” de peso como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional. Ambos grupos han sido criticados por ser brazos funcionales para el gobierno estadounidense y por sostener una doble moral hacia sus aliados occidentales.
Durante el intento de golpe de 2018, HRW y Amnistía Internacional responsabilizaron por completo al gobierno de la violencia, apenas mencionando la violencia extrema de los criminales de oposición que quemaron a personas, asesinaron a activistas sandinistas, le dispararon a la policía con cañones artesanales e incendiaron casas de izquierdistas.
Amnistía Internacional presionó para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tomara acciones punitivas contra Nicaragua, mientras se hacía eco de las muy cuestionables acusaciones de la Alianza Cívica y el Comité Pro Liberación de Presos Políticos sin un mínimo de escepticismo, identificándolos simplemente como “grupos locales”, como si fueran políticamente neutrales.
HRW empleó a estos presuntos “presos políticos” como justificación para su llamado a sancionar al gobierno nicaragüense. El grupo escribió que “los gobiernos en las Américas y Europa deberían imponer sanciones selectivas contra las principales autoridades nicaragüenses”.
José Miguel Vivanco, el director de HRW Américas, fue a cabildear a Estados Unidos, Canadá y los países latinoamericanos con gobiernos de derecha para que “redoblaran las sanciones” contra Nicaragua como castigo por retener a los presos.
La OEA trabja con la oposición nicaragüense para presionar por la liberación de los “presos políticos”
El gobierno sandinista también enfrentó presión considerable de la OEA. Al posar como un árbitro imparcial en todo el hemisferio occidental, esta organización recibe la mayoría de su financiamiento del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, en la Justificación al Congreso del Presupuesto de 2018 se manifestó con toda claridad que la OEA “promueve los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos en el hemisferio occidental al contener la influencia de países anti-estadounidenses como Venezuela”.
Bajo el liderazgo de su fanático secretario pro-Estados Unidos, Luis Almagro, la OEA se ha convertido en un arma para el cambio de régimen a toda máquina que ataca a los gobiernos independientes de izquierda en América Latina. La OEA jugó un papel decisivo al promover las mentiras que condujeron al golpe militar en Bolivia, violaron su propia carta al apoyar decisivamente los intentos de golpe de estado de la administración Trump en Venezuela, y ha puesto su mirada también sobre Nicaragua.
Durante el proceso golpista en 2018 en Nicaragua, la OEA se unió a Washington al responsabilizar al Frente Sandinista de la violencia, demonizando sin parar al gobierno democráticamente electo con tal grado de vehemencia que Almagro lo llamaba con frecuencia el “régimen Ortega-Murillo”, refiriéndose a la vicepresidenta Rosario Murillo.
E igual que el gobierno estadounidense, la OEA ha actuado como patrocinador internacional de las conversaciones sobre la amnistía de la Alianza Cívica. Almagro coordina con mucha proximidad con la oposición nicaragüense, reuniéndose con frecuencia con los líderes del golpe y cabildeando a su nombre de forma extensa.
Me reuní con representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia (ACJD) de #Nicaragua José Pallais, José Aguerri, Alvaro Vargas y Michael Healy. Es imprescindible la liberación completa de todos los presos políticos y la recuperación de las libertades en el país pic.twitter.com/eG0j9rKKlz
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) May 30, 2019
The Grayzone contactó a la OEA con una solicitud detallada para que ofreciera declaraciones. No respondió.
Almagro ha promovido agresivamente para que Nicaragua libere a los “presos políticos”. De hecho, una búsqueda de sus más de 8.000 tutis demuestra que el jefe de la OEA sólo ha mencionado la frase “presos políticos” refiriéndose a Venezuela, Nicaragua y Cuba, los pocos gobiernos socialistas que existen en la región, apodados por Washington como la “troika de la tiranía”.
Bajo el mandato de Almagro, la OEA realiza una certificación semanal de la dudosa lista de supuestos “presos políticos” en Venezuela, compilada por el Foro Penal, un grupo de oposición que está financiado por, y coordina directamente con, el gobierno estadounidense.
Y mientras Almagro incesantemente hace llamados para que Nicaragua (Venezuela y Cuba) liberen sus supuestos presos políticos, actúa como si ningún otro país en Norte o Sur América encierra a personas por razones políticas, sobre todo los gobiernos de derecha que Almagro apoya fervientemente.
Más de 100 activistas han sido desaparecidos en 2019 durante las protestas contra las políticas neoliberales de Sebastián Piñera, el presidente multimillonario de Chile. Mientras se obsesiona con Nicaragua, Almagro no los ha mencionado ni una sola vez, y ha permanecido notablemente reticente respecto a las rampantes violaciones de derechos humanos en Colombia, otro país gobernado por un gobierno de derecha, con buenas relaciones con los Estados Unidos.
Cuando el presidente Ortega convocó al proceso de paz y diálogo con la oposición, Almagro asumió una posición maximalista, exigiéndole al gobierno que liberara 770 de los supuestos presos políticos como condición para que participase la OEA.
¿De dónde tomó almagro la cifra de 770? Su fuente, como de costumbre, fue la Alianza Cívica y el CENIDH, cuya investigación extremadamente dudosa también la usó la Alianza Cívica, y cuya base de datos de “presos políticos” incluyen numerosos asesinos y violadores.
Mientras que el CENIDH presume de ser una organización de derechos humanos, actúa como una voz altamente parcializada por la oposición. John Perry, escribiendo para The Grayzone, reportó que el CENIDH fue fundado por un político opositor con dinero europeo; que usa un lenguaje abiertamente sesgado en sus informes, refiriéndose al gobierno electo como “el régimen dictatorial”; e inflando el conteo de muertes mientras culpa exclusivamente al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Mientras reportaba desde Nicaragua, Max Blumenthal, editor de The Grayzone, documentó el papel directo que jugaba el liderazgo del CENIDH en la intentona golpista. El investigador nicaragüense independiente Enrique Hendrix reveló cómo el CENIDH, junto a otros grupos de “derechos humanos” alineados con la oposición, inflaron las cifras de muertos incluyendo a “víctimas por accidentes de tráfico, altercados entre bandas, asesinatos por robo, aquellos que accidentalmente se les disparó un arma de fuego y, aún más absurdo, un suicidio”.
En respuesta por el papel preponderante jugado en el intento de putsch, la Asamblea Nacional de Nicaragua votó por que se le revocara el estatus legal al CENIDH en diciembre de 2018.
Esto no le ha impedido al llamado brazo de los derechos humanos de la OEA, la CIDH, el apoyarse de forma extensiva en el CENIDH y su data altamente cuestionable. La CIDH ha respaldado las cifras hiper-politizadas del CENIDH sin ninguna clase de escepticismo, e incluso ha colaborado con el grupo. También ha hecho lobby a nombre del CENIDH, convocando a la Corte Interamericana de Derechos humanos, el brazo legal de la OEA, a tomar medidas para proteger al grupo.
Enfrentando esta enorme campaña de presión internacional, el presidente Ortega aceptó liberar a los supuestos “presos políticos” a principios de 2019. El gobierno emitió una serie de perdones por varios meses: en febrero fueron liberados 100, 50 más en marzo, y otros 50 salieron en abril.
But the opposition was not content. It turned to international media outlets that acted as a megaphone for the Civic Alliance, amplifying its demands that all “political prisoners” be released.
Pero la oposición no estaba satisfecha. Apeló a medios internacionales que actuaban como megáfono de la Alianza Cívica amplificando sus exigencias de que tenían que ser liberados todos los “presos políticos”.
Esto eventualmente culminó en junio de 2019, cuando la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, aprobó una ley de amnistía histórica, oficialmente perdonando a prisioneros que fueron arrestados tras el intento de golpe que comenzó el 18 de abril de 2018.
La OEA de inmediato alabó la concesión del gobierno sandinista. En un comunicado, la organización dijo que “le daba la bienvenida a la liberación de presos políticos y el hecho de que los acuerdos hayan permitido que la gente se reencuentre con sus familias”. Del mismo modo, Almagro tuiteó: “Le damos la bienvenida a la liberación de 56 presos políticos en Nicaragua de acuerdo con el acuerdo Alianza [Cívica]-gobierno”.
Pero tan pronto como fue aprobada la ley, la oposición y los patrocinantes internacionales dejaron claro que no era suficiente. La CIDH de la OEA criticó la ley por no ir más lejos, apenas un día luego de que la organización había celebrado la medida. La Iglesia Católica en Nicaragua –un actor de peso en la promoción del golpe de 2018– también se quejó sobre lo insuficiente que fue la concesión.
Apenas unos meses después, Almagro clamó de nuevo por que el gobierno nicaragüense liberara a más “presos políticos”, citando directamente las dudosas y politizadas acusaciones de la Alianza Cívica.
Los medios corporativos nicaragüenses, controlados por la oposición, se metieron recitando un artículo tras otro alegando que todavía quedaban cientos de “presos políticos”. Estudiantes de derecha de las universidades privadas, como la Universidad Centroamericana, también se unieron, organizando protestas y exigiendo que fueran liberados.
Exigimos la liberación de los presos políticos que hay en #Nicaragua, según denuncia la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia @AlianzaCivicaNi #OEAconNicaragua https://t.co/11uZhvZMVO
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) September 26, 2019
Era como si el gobierno no hubiera pasado meses involucrado en arduas negociaciones que culminaron en el acuerdo para liberar a cientos de detenidos.
La campaña de presión implacable con la que la oposición en Nicaragua y sus poderosos apoyos fuera del país dejaron claro que no estarían verdaderamente satisfechos hasta que alcanzaran su objetivo real: la remoción total del movimiento sandinista del poder y su purga de la vida pública.
El gobierno nicaragüense dice que la ley de amnistía fue una maniobra por la paz
Mientras que la oposición exige una nueva ronda de concesiones al parecer semanalmente, algunos criminales que defendieron están sembrando el caos en la sociedad nicaragüense.
En Managua conversé con el líder del partido del Frente Sandinista, Edwin Castro Rivera, para comprender mejor la lógica detrás del proceso de amnistía. Castro formó parte del comité que llevó a cabo las negociaciones con la oposición, y fue co-autor de la ley de amnistía.
Castro Rivera insistió en la exigencia por paz y estabilidad de parte del gobierno. La violenta guerra de la Contra, apoyada por Estados Unidos, que asoló a Nicaragua en los 80, dejó al país dividido. La mayoría de los nicaragüenses temían un retorno de la violencia vecino contra vecino que desgarró al país.
“Una de las cosas que principalmente afectó el intento de golpe, que le ha costado mucho esfuerzo a Nicaragua, fue reunificar a las familias”, explicó.
Tras ganar en las elecciones presidenciales de 2006, Daniel Ortega declaró la creación de un “Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”. Este todavía es hoy en día el nombre del gobierno de Nicaragua.
“La unidad que hemos alcanzado luego de tanto esfuerzo con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, es por eso que tiene ese nombre: reconciliación y unidad nacional, porque nuestro objetivo fue el de reunificar a las familias”, dijo Castro Rivera.
“Y el intento de golpe quebró esa unidad una vez más. Desde entonces, nuestra principal tarea tras restaurar la calma ha sido el de volver a procesar y reconstruir la unidad familiar”, agregó.
The 2018 putsch plunged Nicaragua into an epidemic of violence it had not seen in decades.
El putsch de 2018 sumió a Nicaragua en una epidemia de violencia que no había visto en décadas.
“Quemaron a gente viva, mientras le bailaban a su alrededor”, dijo Castro Rivera de los insurgentes violentos. “Torturaron a gente que desnudaron, que la pintaron. Nunca habíamos visto algo así”.
“Esto sólo se ve en la actividad del narco en México y Colombia”, agregó. “Por esto mismo, concluimos que hubo participación de grupos del narcotráfico mexicanos y colombianos. Y los delincuentes que le pagaron para hacer esto”.
Mencioné que Jeison Castro Ortez, el delincuente amnistiado que mató a su novia embarazada, le había dicho a miembros de su familia que había pasado un tiempo en Colombia, aunque no había revelado lo que estuvo haciendo allá. Esto no sorprendió a Castro Rivera, que además dijo que otras personas encarceladas que figuran en la lista de “presos políticos” también estuvieron un tiempo en Colombia antes del golpe.
El dirigente sandinista fue enfático en que teme por el retorno de este tipo de violencia que condujo al gobierno a crear la Comisión de Reconciliación y Paz, que ha trabajado en pequeños poblados en todo el país para intentar unificar a la población.
Castro Rivera dijo que el gobierno sentía que no tenía otra opción que aceptar el proceso de amnistía con la oposición, para tratar de promover esta unidad.
“Para nosotros fue un problema difícil, porque cómo íbamos a explicarle a nuestra gente que los criminales que mataron a su hijo o a su padre a sangre fría iban a ser amnistiados”, explicó.
“Fue muy amargo para nosotros. Pero tenía que hacerse si se quería reclamar la ruta de la reconciliación, la reunificación de las familias. Y fue el motivo esencial para esta amnistía”.
Mientras el líder del FSLN apuntaba que el principal objetivo del gobierno detrás del proceso de amnistía era el de re-encontrar al país, también concedió que había mucha presión extranjera sobre Nicaragua.
“Teníamos presión de la OEA”, dijo Castro Rivera. Algo que fue llevado a cabo por el brazo de “derechos humanos” de la OEA, la CIDH. Calificó a la CIDH de estar “completamente parcializada”.
Cuando el gobierno sandinista se sentó con la Alianza Cívica en la mesa de diálogo en 2019, Castro Rivera dijo que una de sus principales exigencias era la liberación de los presos.
“En la primera lista de ‘presos políticos’ que nos entregaron antes de la ley de amnistía, estaba un hombre que había asesinado a su abuela”, recordó. “Para robarla. Estaba en drogas”.
Este convicto también fue arrestado en 2017, meses antes de la intentona golpista. Otros criminales violentos como él fueron incluidos en la lista de la oposición. Castro Rivera dijo que el caso de Jeison Castro Ortez era apenas un ejemplo de una tendencia más grande.
Debido al exceso de criminales de carrera en la lista de amnistía de la oposición, el gobierno insistió en una estipulación para aquellos a quienes se le concediera la amnistía también juraran no repetir los crímenes por los que eran perdonados. Esta cláusula, observó Castro Rivera, está basada en las Pautas de Belfast sobre Amnistía y Responsabilidad, una iniciativa apoyada por Naciones Unidas dirigida por expertos en legislación internacional.
“Y ahora han creado otra lista de ‘presos políticos’ que no son más que criminales”, dijo Castro Rivera de los últimos llamados de la oposición por otro proceso de amnistía, apenas medio año después.
El jefe de la negociación sandinista ofreció algunas teorías sobre los verdaderos objetivos de la incesante campaña de presión de la oposición.
“Somos un país pequeño, con algunas dificultades económicas, además de aquellas que crearon con el intento de golpe”, explicó Castro Rivera. “Nuestra principal riqueza es precisamente la seguridad y tranquilidad que hay aquí en Nicaragua. Y esto es lo que estos mismos grupos minoritarios quieren atacar”.
“Es un grupo político pequeño, con poder económico, y está convencido de que nunca llegarán al poder mediante los votos, con el trabajo que está haciendo Daniel Ortega”, dijo. “El pecado de Daniel es estar haciendo cosas para el pueblo, y recibir el apoyo que tiene”.
En junio de 2017, la encuestadora mainstream M&R Consultores encontró que el 78.3 por ciento de los nicaragüenses aprobaban la administración del gobierno.
“Así que este grupo regresa a la tradición” que ha plagado por décadas a Nicaragua, manifestó Castro Rivera: “cambiar al gobierno con las armas, a través de un golpe de estado”.
Como los otros nicaragüenses con los que llegué a conversar, el líder del FSLN lamenta la falta de cobertura de medios internacionales que cubran esos escándalos que estremecen a su país, o los sacrificios del gobierno por la paz.
“En mi experiencia, los procesos de paz normalmente no salen en las noticias. No sólo en los medios de habla inglesa, sino en todo el mundo”, dijo.
“De haber un conflicto, automáticamente sale en todos los medios. Pero cuando comienza el proceso de paz, tranquilidad y normalidad, que se puede ver aquí en Nicaragua, en la calle, la gente realizando sus actividades normales, la actividad económica, volvemos a ser el país más seguro de Centroamérica”.
Más violencia opositora amenaza la excepcional estabilidad nicaragüense
Mientras que la oposición se jacta de sus poderosos padrinos en Washington, tiene muy poca influencia en casa. La encuestadora M&R reveló que en enero de 2020 el 63.5 por ciento de los nicaragüenses pensaba votar por el Frente Sandinista en las elecciones de 2021, mientras que apenas el 11.5 por ciento de la población apoya activamente a la oposición.
Queda claro el entusiasmo popular por los sandinistas con las marchas festivas y muy concurridas que llevan a cabo todos los sábados en Managua. Mientras tanto, la oposición pasa la mayor parte del tiempo en reuniones a puerta cerrada con gente de los negocios y representantes de gobiernos y organizaciones extranjeras.
La fuente de apoyo popular por el Frente Sandinista también está clara: el gobierno ha reducido drásticamente la desigualdad, ha creado sistemas de salud universal y educación gratuita; mujeres empoderadas, alcanzando el quinto puesto a nivel mundial en igualdad de género; y haber logrado traer a Nicaragua la paz y la estabilidad que ha sido tan elusiva en el Triángulo del Norte centroamericano, atestado de violencia.
Pero la amplia amnistía a presos que concedió el gobierno bajo una presión enorme de la oposición y los Estados Unidos ha llevado al país a una paz frágil de nuevo a peligrar. Han sido liberado delincuentes con frondosos antecedentes, y uno de ellos ya asesinó a una mujer embarazada de 22 años de edad.
¿Cuántas familias más serán desgarradas por el desesperado afán de poder de la oposición? Esta pregunta ahora espanta a muchos nicaragüenses.
Esta traducción fue realizada por Diego Sequera
