La sentencia contra los cuatro miembros del Colectivo de Protección de la Embajada de Venezuela, quienes fueron los últimos ocupantes del recinto diplomático venezolano, representa otra derrota para Juan Guaidó y su administración golpista de DC. Sin embargo antes de pronunciar la decisión, una juez nombrada por Obama pronunció un desquiciado discurso sobre la ley y el orden en donde denigrando de los acusados.
Por Anya Parampil
En la mañana del 3 de junio, cuatro ciudadanos estadounidenses pertenecientes al Colectivo de Protección de la Embajada de Venezuela (EPC) que enfrentaron a vándalos derechistas del exilio venezolano y los miembros de la administración golpista de Juan Guaidó, en una situación que se prolongó por dos semanas, llegaron a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos.
La jueza titular de la Corte de Distrito de Columbia, Beryl Howell, condenó a David Paul, Margaret Flowers, Kevin Zeese y Adrienne Pine a seis meses de libertad condicional y a multas por un total de 750 dólares cada una. Asimismo, la jueza Howell dispuso que los cuatro acusados se mantuvieran alejados del edificio que formalmente servía como sede de la embajada de Venezuela en Washington D.C., amenazandolos con 30 días de cárcel si no cumplían con las condiciones de su libertad condicional.
Antes de sentenciar a los acusados, la jueza Howell dirigió un discurso desquiciado sobre la ley y el orden, en el que denigraba personalmente a cada uno de ellos y en el que declaró su intención de darles un ejemplo con el fin de evitar futuras acciones de protesta que desafiaran la política del gobierno de los Estados Unidos.
El proceso contra los últimos cuatro ocupantes de la sede la Embajada de Venezuela, integrantes del CPE terminó en un juicio nulo en febrero de este año, cuando el jurado no logró llegar a un veredicto. El gobierno de EE.UU., posteriormente, propuso retirar los cargos con el fin de evitar un nuevo juicio.
Conforme a este acuerdo negociado, los cuatro acusados declararon su culpabilidad por un cargo menor de bajo nivel, Clase B, de “causar inconvenientes”, dentro de la jurisdicción local de D.C., a cambio del retiro de los cargos federales que habían presentado alegando que habían interferido con la capacidad de las autoridades de los EE.UU. para proporcionar servicios de protección en los terrenos de la embajada.
“Me declaré orgullosamente culpable de obstruir al imperialismo, al fascismo neoliberal y la supremacía blanca, y seguiré estando del lado del pueblo venezolano y de otros objetivos de la violencia militar y policial de Estados Unidos dentro y fuera del país”, declaró a The Grayzone Adrienne Pine, profesora de antropología en The American University, poco después del anuncio de la Corte.
“Como ha quedado suficientemente claro con la violencia letal de las fuerzas policiales militarizadas en todo este país durante la última semana en particular, ahora más que nunca debemos llamar la atención sobre los vínculos inextricables entre la violencia imperialista y la violencia contra las comunidades marrones, negras e indígenas aquí en los Estados Unidos. No lo pensaría dos veces si se me diera la oportunidad de volver a arriesgar mi vida en contra de esta violencia racista, que ya ha matado a muchos de mis amigos”, añadió Pine.
Margaret Flowers, pediatra y organizadora de la Resistencia Popular arrestada en la embajada, declaró a The Grayzone que está “orgullosa de toda la gente del Colectivo de Protección de la Embajada y del trabajo continuo para fomentar la solidaridad internacional y exigir que nuestro país se transforme en un participante positivo de la comunidad mundial, no en un explotador y agresor”.
El discurso desquiciado sobre la ley y el orden de jueza designada por Obama
Durante la audiencia celebrada el miércoles, a la que esta reportera asistió a través de una llamada en conferencia, difícil de descifrar, la Jueza Howell explicaba que debido a que ella pasa la mayor parte de sus días encarcelando a pobres negros y morenos, estaba convencida de que los miembros del CEP -blancos y altamente educados-, estaban aprovechandose del “privilegio” y el “derecho” con el fin de evitar la cárcel.
Howell expresó su asombro por el hecho de que el Servicio Secreto de los Estados Unidos y la policía de D.C. no hubiesen enfrentado a los protectores no violentos de la embajada con mano de hierro, insinuando su deseo de un asalto trumpio, de tipo militar, contra los manifestantes de izquierda.
Curiosamente intentó contrastar el tratamiento brutal de los manifestantes que participaban en la reciente ola de manifestaciones de Black Lives Matter con el manejo supuestamente afable de la policía en la situación de la embajada.
Al parecer, la jueza Howell no estaba al tanto de los numerosos casos de brutalidad policial en torno a los acontecimientos en la embajada, en particular las violentas detenciones que la policía practicó contra el presidente de Veteranos por la Paz, Gerry Condon, quien intentó arrojar un pepino a los manifestantes dentro de la embajada, y contra Dean Murville, un activista pacifista local de avanzada edad que trató de llevar cepillos de dientes a los protectores de la embajada.
More charges dropped against members of the Embassy Protection Collective, this time Veterans for Peace @VFPNational president Gerry Condon. Police brutalized him and charged him with "throwing missiles" after he tossed a cucumber pic.twitter.com/xoNwsjjsYq
— Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) June 4, 2019
Posteriormente, se produjeron los arrestos del protector de la embajada Ben Rubinstein y del editor de Grayzone Max Blumenthal. La policía arrestó a ambos por una falsa denuncia de agresión fabricada por la oposición venezolana, incluso allanando la casa de Blumenthal cinco meses después de que el incidente fabricado supuestamente tuvo lugar. Los falsos cargos fueron retirados poco después.
El juez Howell al parecer tampoco consideró el hecho de que cientos de personas de una amplia gama de orígenes diversos participaban en el Colectivo de Protección de la Embajada para solidarizarse con el pueblo venezolano ante los intentos de los Estados Unidos de derrocar a su gobierno soberano y destruir el derecho internacional.
Las autoridades estadounidenses detuvieron y acosaron a uno de sus activistas, Sergio Lazo Torrez, un nicaragüense-norteamericano, cuando regresaba de una visita por Venezuela el verano pasado, y de nuevo, cuando regresaba de una visita a su familia en Nicaragua. Como informó The Grayzone en su momento, la Policía de Aduanas y Fronteras interrogó a Torres sobre el funcionamiento interno del movimiento antibélico estadounidense.
La multitud de exiliados venezolanos de derechas, de clase media alta, y en su mayoría blancos, que se congregó fuera de la embajada, llevó a cabo cientos de ataques racistas, homofóbicos y violentos contra Torres y otros miembros del CPE, todo bajo la mirada vigilante de las autoridades estadounidenses.
Estas fueron las mismas autoridades estadounidenses que obstaculizaron activamente la llegada de alimentos para las personas que se encontraban en el interior de la embajada, mientras que también cortaron el agua y la electricidad del edificio. Si tales acciones constituían una limitación a los ojos de la juez Howell, resulta espantoso imaginarse lo que podría clasificar como abuso policial.
“Una de las razones por las que estuvimos entre “los cuatro finalistas” fue que pudimos tomar riesgos que la gente de origen venezolano o latinoamericano no podía tomar. Aprovechamos nuestro privilegio para apoyar al pueblo venezolano quien correría un riesgo mucho mayor”, explicó Kevin Zeese, un abogado de la Resistencia Popular.
Pese a la sorprendente ignorancia de la Juez Howell, los cuatro acusados del CPE manifestaron su satisfacción de que el proceso hubiera llegado a su fin.
“Me complace que ahora hayamos conseguido una resolución en este proceso, lo que nunca debió haber ocurrido en primer lugar”, dijo Flowers. ” Estuvimos en la Embajada legalmente y tratando de detener a nuestro gobierno de violar el derecho internacional.”
“Seguiremos defendiendo la soberanía de Venezuela contra el cambio de régimen de los Estados Unidos. Aunque estamos contentos de no estar en la cárcel, este proceso demostró al mundo las deficiencias de la justicia de EE.UU.”, añadió Zeese. “En esa corte, [el líder de la oposición venezolana] Juan Guaidó fue presidente, cuando nunca ha sido presidente por un nanosegundo”. Los miembros del jurado fueron engañados”.
David Paul, un enfermero jubilado, se refirió a su experiencia: “Estoy contento de haber terminado con este juicio, y orgulloso de haber sido parte de un esfuerzo colectivo para adoptar una postura contra el comportamiento criminal de nuestro gobierno. El juicio fue literalmente irreal”.
La jueza Howell complementó su arrebato de rencor con la presentación, a último momento, de varios “testimoniales de víctimas”. Entre las supuestas víctimas se encontraba Carlos Vecchio, un ex abogado de ExxonMobil que sirve como representante de la oposición de Venezuela en los Estados Unidos, con su salario financiado por los contribuyentes estadounidenses a través del Departamento de Estado.
En su testimonio, Vecchio denunció repetidamente las acciones del “Grupo Codepink” a pesar de que ninguno de los acusados en el caso eran miembros de CODEPINK, acusándolos de “impedir absoluta y totalmente el normal funcionamiento de los servicios consulares de Venezuela en esta ciudad”.
A pesar de que el escrito de Vecchio no se hizo público, algunas partes fueron dictadas a esta reportera por un participante en el juicio.
Otra derrota para Guaidó y la oposición auspiciada por los EE.UU.
Si bien ha transcurrido más de un año desde que el Servicio Secreto de EE.UU. sacó por la fuerza al Colectivo de Protección de la Embajada de los antiguos locales diplomáticos de Venezuela en una incursión de tipo militar, Vecchio aún no ha asumido el control del edificio.
Esto pudiera obedecer al hecho de que no responde a ningún Ministerio de Relaciones Exteriores real en Caracas, y no dispone de autoridad legal para prestar servicios consulares en nombre de un gobierno internacionalmente reconocido.
Cuando esta reportera asistió a una actividad de CODEPINK fuera de la antigua misión diplomática el 20 de febrero de este año, un agente del Servicio Secreto apostado en el exterior me informó “no es una embajada que funcione de verdad”.
Su declaración, capturada en video, contradice abiertamente la afirmación de Vecchio de que los protectores de la embajada le impidieron hacer su trabajo, ya que al parecer Vecchio no tiene un trabajo real, incluso hasta el día de hoy.
Today Venezuelan citizen Leo Flores sought consular services from @carlosvecchio’s embassy in DC
Police told us “it’s not an actual working embassy” 😬
Leo proceeded to deliver a people’s eviction notice on behalf of @codepink & the Embassy Protection Collective pic.twitter.com/0aI0trPkp8
— Anya Parampil (@anyaparampil) February 20, 2020
Vecchio encubrió sus fracasos personales afirmando que “las instalaciones no se han recuperado debido al grave deterioro causado por” el CPE, sin embargo, no proporcionó evidencia alguna de tal destrucción. Un abogado de los acusados recordó a la Corte que la Policía Metropolitana de D.C. realizó un recorrido grabado en vídeo por la embajada justo antes de su arresto y que confirma la ausencia de daños en las instalaciones. La juez Howell arremetió contra las autoridades estadounidenses por no haber detallado los supuestos daños o no haber solicitado su restitución.
Esa decisión puede obedecer al riesgo que supone el inicio de una auténtica investigación sobre el vandalismo en la embajada, que sin duda revelaría que los activistas pro-golpistas relacionados con Vecchio, fueron, de hecho, responsables de gran parte de los destrozos. La protección del edificio de tales ataques y la defensa de su inviolabilidad, garantizada por la Convención Diplomática de Viena, fue el propósito declarado del Colectivo de Protección de la Embajada.
Defender las instalaciones diplomáticas soberanas de Venezuela no parecía la preocupación principal de Vecchio, sin embargo, al firmar una carta rogando al gobierno de EE.UU. que le ayudase a retirar al CPE de los terrenos de la embajada. Como esta reportera documentó en mayo de 2019, Vecchio renunció a los derechos de inviolabilidad de la embajada, llegando a “renunciar a cualquier y todas las demandas contra el gobierno de EE.UU. relativas a cualquier y todos los daños contra la propiedad de la embajada y su interior”.
In his bogus letter requesting help from US gov to illegally remove peace activists from Venezuela’s former embassy, @carlosvecchio absurdly suspended the building’s inviolability & agreed to “waive any & all claims” of damage to its property by US agents! Who does he represent? pic.twitter.com/ee4HzFb2KL
— Anya Parampil (@anyaparampil) May 18, 2019
Para desgracia de Vecchio, su total sumisión a las autoridades estadounidenses no fue suficiente para propinarle una derrota en la corte. Mientras tanto, su jefe, Juan Guaidó, ha estado perdido del todo desde finales de abril, cuando contrató a un ex boina verde de los Estados Unidos para organizar una frustrada operación para invadir Venezuela y secuestrar a su Presidente democráticamente electo, Nicolás Maduro.
Mientras el régimen golpista venezolano sigue sin conseguir resultados, el movimiento anti-guerra de los Estados Unidos recibió un respiro con esta victoria legal.
Anya Parampil es una periodista radicada en Washington, DC. Ha realizado y difundido varios documentales, incluyendo reportajes en el terreno desde la península de Corea, Palestina, Venezuela y Honduras.
