José Ignacio Hernández ha cobrado honorarios lucrativos como mercenario legal para los saqueadores corporativos de la compañía petrolera venezolana PDVSA. Su reciente dimisión como “procurador general” en la administración en la sombra de Guaidó planteó serias dudas sobre posibles violaciones éticas y legales.
Por Anya Parampil
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Bajo el radar de los medios de comunicación de Estados Unidos, un tribunal de distrito de Florida desestimó un caso de soborno multimillonario en marzo de 2018 gracias al testimonio de un ex miembro de la administración en la sombra del líder golpista venezolano Juan Guaidó.
Ese ex funcionario, José Ignacio Hernández, fue Procurador General del ‘gobierno’ Guaidó, apoyada por los EE.UU., hasta julio de este año. Como esta investigación revelará, el testimonio de Hernández fue comprado y pagado por gigantes petroleros extranjeros con interés en defraudar a la empresa petrolera estatal de Venezuela de miles de millones de dólares.
Estos titanes corporativos, que incluían algunas de las mayores compañías petroleras del mundo, sobornaron a funcionarios corruptos dentro de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa petrolera estatal venezolana, para amañar contratos a su favor.
En 2018, un fondo fiduciario de litigio establecido por el gobierno venezolano presentó una demanda contra las compañías petroleras y sus colaboradores buscando miles de millones de dólares en daños por sus tratos corruptos. El caso marcó uno de los juicios civiles más caros en la historia legal reciente de los Estados Unidos.
A pesar de las abundantes pruebas, incluyendo registros bancarios, correos electrónicos y testimonios de los familiares de los consultores de las compañías petroleras, acusados de haber permitido el atraco masivo, el caso fue desestimado por un tecnicismo por un tribunal del distrito sur de Florida. El testigo experto que se presentó ante el tribunal para deslegitimar el caso del gobierno venezolano fue Hernández, un abogado de la oposición.
Para entonces, Hernández, se había convertido en uno de los expertos pagados más fiables para las empresas que luchan contra Venezuela en los tribunales. Como este reportero reveló previamente, dio testimonio a la empresa minera canadiense Crystallex para apoyar la lucha legal de la compañía contra el gobierno de Venezuela.
Hernández también cosechó un pago de 163.000 dólares del Grupo Europeo OI a cambio de su testimonio contra Caracas. En el caso del Fondo Fiduciario para Litigio de PDVSA que fue desestimado en 2019, se le pagó 350 dólares por hora de un quién es quién de la industria petrolera por su análisis.
Por lo tanto, Hernández estaba cobrando fuertes honorarios a los enemigos del mismo Estado venezolano al que más tarde afirmaría representar, cuando asumió el cargo de “procurador general” en la administración sombra de Guaidó. Sus lucrativas relaciones con las corporaciones extranjeras que planean explotar la riqueza de Venezuela desenmascaran las fuerzas reales detrás de los esfuerzos de cambio de régimen de Guaidó, y su posterior agenda de ganancias, también plantean serias dudas sobre si violó la ley de los Estados Unidos.
En agosto de 2019, Jorge Alejandro Rodríguez, ingeniero venezolano y crítico de Guaidó que actualmente se desempeña como secretario político del partido de oposición venezolano Avanzada Progresista, anunció que había presentado una solicitud formal ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para investigar a Hernández por su trabajo en el caso Crystallex.
“Tenemos razones para creer que [la conducta de Hernández] es algo que debe ser investigado”, dijo Rodríguez a The Grayzone. Planteó la posibilidad de que el abogado haya violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que prohíbe a los ciudadanos y entidades estadounidenses sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros para beneficiar sus intereses comerciales.
El 18 de julio de 2020, Hernández se convirtió en el último “funcionario” que representa al líder de la oposición venezolana Guaidó en los Estados Unidos en renunciar. Si bien no ofreció ninguna explicación para la repentina salida, el anuncio se produjo después de una embarazosa divulgación difundida al público venezolano en los medios de comunicación estatales ese día.
La oposición de Venezuela supera a José Ignacio Hernández y sus colaboradores del Banco Mundial
La repentina salida de José Ignacio Hernández del régimen en la sombra reconocido por los Estados Unidos de Juan Guaidó se produjo horas después de que el vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, hiciera público un audio incriminatorio del reciente testimonio de Hernández ante la Asamblea Nacional del país, controlada por la oposición.
Vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez presentó audio de la vinculación del Director del Banco Mundial con el falso procurador, José Ignacio Hernández.#MáximaMoralPatriótica pic.twitter.com/NComdkDjOW
— Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) June 18, 2020
En la grabación del 3 de junio, el abogado venezolano admitió ante los legisladores de la oposición que integran la comisión de energía de la Asamblea Nacional que “dirigió una estrategia” con respecto a las luchas legales de Venezuela con los gigantes corporativos multinacionales. Se refería específicamente a la coordinación con el Centro Internacional de Disputas sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, incluyendo la colaboración “directa” con la oficina del Presidente del Banco Mundial, David Malpass.
La confesión puso en grave peligro la autoridad del CIADI del Banco Mundial como árbitro supuestamente neutral de las controversias sobre inversiones internacionales.
También planteó dudas sobre si Malpass había violado las normas de su empleador. Como se decía en los estatutos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial, el banco y “sus funcionarios no se inmiscuirán en los asuntos políticos de ningún miembro; ni se dejarán influir en sus decisiones por el carácter político del miembro o miembros en cuestión”. Pero eso parece ser exactamente lo que el presidente había hecho.
Cabe destacar que varios grupos de oposición se han negado a participar en las comisiones de la Asamblea Nacional, lo que significa que sólo los legisladores que representan a los llamados partidos de oposición “G4” (Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática y el Voluntad Popular de Guaidó) estuvieron presentes en el testimonio de Hernández.
Esto significa que a menos que el gobierno de Venezuela, de alguna manera, espiara la reunión, el audio tuvo que haber sido filtrado por los propios asociados de Hernández o por el mismo Hernández
En lugar de negar su autenticidad, Hernández respondió a la fuga de audio castigando a sus aliados por proporcionárselo al gobierno de Venezuela.
La filtración “sólo es posible si hay complicidad interna”, Hernández twitteó momentos después de que el gobierno venezolano expusiera su confesión.
Que el régimen de Maduro me ataque es deplorable pero normal. Que lo hagan filtrando un audio de la Comisión de Energía de la AN es grave, pues eso solo es posible si hay complicidad interna. De los mismos que se han opuesto a mi gestión como Procurador.
— Jose I. Hernandez G. (@ignandez) June 18, 2020
Hernández anunció su renuncia a la administración en la sombra de Guaidó apenas cinco horas después, en la tarde del 18 de julio.
El 28 de mayo, luego de semanas de conversaciones, renuncié al cargo de Procurador. La intención era hacer el anuncio la semana que viene con la designación del nuevo equipo. El régimen de Maduro sabía de mi renuncia al cargo de Procurador, y por ello, montó esta nueva campaña. pic.twitter.com/Ykugk1ezxh
— Jose I. Hernandez G. (@ignandez) June 18, 2020
Extrañamente, el abogado afirmó haber presentado su carta de salida semanas antes el 28 de mayo – un posible intento de restarle importancia al audio.
Jorge Alejandro Rodríguez, el ingeniero y crítico de Guaidó (que no está relacionado con el ministro del gobierno venezolano Jorge Rodríguez ni con la vicepresidenta Delcy Rodríguez), cuestionó el extraño momento de la carta en la radio nacional venezolana. Rodríguez incluso ofreció 1.000 dólares americanos a cualquiera que pudiera probar que Hernández renunció de hecho el 28 de mayo.
“Esta es la segunda vez que el Sr. Hernández sorprendió a la opinión pública con una declaración como, ‘Ya hice esto y lo otro'”, comentó Rodríguez a The Grayzone. “Debemos recordar el triste episodio de su supuesta y nunca aclarada recusación del caso Crystallex”.
De hecho, después de que se revelara que había servido anteriormente como testigo experto en la lucha legal de Crystallex contra el gobierno venezolano, Hernández afirmó haberse recusado del caso al asumir el cargo de “procurador general”, pero sólo lo hizo de manera retroactiva.
.@GrayzoneProject obtained @ignandez’s “recusal” letter circulated among Venezuela’s opposition.
Notice he doesn’t recuse himself from the case, only from “conversations” w Crystallex.
Most bizarrely, it is addressed to @carlosvecchio, not “President” @jguaido. Why is that? pic.twitter.com/3GVFg5MxBj
— Anya Parampil (@anyaparampil) September 5, 2019
Durante la conferencia de prensa del gobierno venezolano que reveló la existencia de la fatídica grabación, la Vicepresidenta Rodríguez acusó al Presidente del Banco Mundial Malpass de “colusión” con la oficina de Hernández, a la que denunció como nada más que “una corporación criminal que saquea los activos venezolanos”.
Una revisión del sitio web del CIADI revela 16 casos pendientes contra el gobierno de Venezuela. Los demandantes incluyen gigantes corporativos como Koch Industries, Air Canada y ConocoPhillips. Cuando Hernández se jactó descuidadamente de tramar “una estrategia” con el CIADI y la oficina del Presidente del Banco Mundial, habría sido con respecto a estos casos pendientes.
Pero, ¿estaba Hernández elaborando estrategias en nombre del gobierno al que se hacía pasar por representante, o los buitres corporativos compitiendo por una tajada de la riqueza almacenada internacionalmente de Venezuela? Basándose en su historia, uno tendría que concluir lo último.
El escándalo por la filtración del audio de Hernández fue sólo el último en sacudir la oficina del “procurador general” de Guaidó. En el verano de 2019, se reveló que había dado testimonio a la empresa minera canadiense Crystallex para apoyar la lucha legal de la compañía contra el gobierno de Venezuela antes de asumir como el representante legal más poderoso de ese gobierno a los ojos de los tribunales de EE.UU.
Además, como ya ha sido documentado por este reportero, Hernández recibió un pago de 163.000 dólares de otra empresa que demanda al gobierno de Venezuela, OI European Group, a cambio de su testimonio contra ese gobierno.
As I reported at @TheGrayzoneNews, in 2013 Ol European Group BV paid @jguaido’s “attorney general” @ignandez $163,000 to testify as an expert witness in its case against Citgo
It joins Crystallex (which also contracted Hernández) in trying to loot Venezuela’s stolen assets https://t.co/yyBsiip3ko pic.twitter.com/0b3dVwMFhK
— Anya Parampil (@anyaparampil) December 27, 2019
Teniendo en cuenta la naturaleza abiertamente corrupta de la conducta de Hernández como “procurador general”, la reciente filtración de audio fue exactamente lo que se necesitaba para sacarlo de la “oficina pública”. Y la historia de su perfidia podría haber terminado ahí.
Pero resultó que la relación de Hernández con corporaciones como Crystallex, Ol European Group, y la incriminatoria filtración de audio representaba sólo el nivel superficial de sus turbios negocios.
El abogado no sólo conspiró para liquidar la posesión internacional más preciada de su país, sino que también fue el centro de uno de los casos más valiosos que actualmente esperan una decisión en los tribunales de EE.UU.
En ese juicio, Hernández estaba trabajando para proteger a algunas de las mayores empresas de energía del mundo del castigo por su exitoso plan para defraudar a su patria en más de 15.000 millones de dólares.
El escandaloso plan representaba el legado de una industria petrolera venezolana que seguía infectada por la corrupción a pesar de décadas de lucha para controlarla.
La bendición y la maldición de un petro-estado
Mucho antes de la elección del teniente coronel del ejército Hugo Chávez Frías en 1998, Venezuela era considerada uno de los principales petro-Estados del mundo.
Desde el descubrimiento de oro negro en Venezuela hace casi 100 años, las empresas extranjeras han tratado de controlar el suministro de petróleo del país – hoy considerado como las mayores reservas del mundo.
Durante décadas, eso significó que los gigantes mundiales del petróleo se confabularon con la élite local de Venezuela para explotar las reservas del país con poco o ningún beneficio para la población nacional.
El presidente Carlos Andrés Pérez intentó por primera vez hacer frente a la dinámica de explotación en 1976, cuando se propuso nacionalizar la industria petrolera del país, dando origen a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Pero la esperanza de Pérez de aprovechar la riqueza petrolífera de Venezuela para desarrollar el país estaba condenada. La caída del petróleo de los años 80, junto con las políticas neoliberales de las sucesivas administraciones (incluyendo el segundo mandato de Pérez de 1989 a 1993) significó que, a mediados de los 90, las compañías petroleras extranjeras habían regresado cómodamente a Venezuela – y la desigualdad era desenfrenada.
Estas condiciones sentaron las bases para la elección de Chávez en 1998. Su revolución bolivariana dio paso a una nueva constitución y a una letanía de reformas que no dejaron ningún aspecto de la nación intacto, incluido su corazón palpitante como un “Petro-Estado”: PDVSA.
Chávez necesitaba acceder a las lucrativas arcas petroleras del Estado para financiar su visión de lo que finalmente llamaría “Socialismo del siglo XXI”. Para ello, tuvo que revertir las políticas neoliberales de sus predecesores que habían permitido que los intereses extranjeros dominaran Venezuela, y terminar el trabajo de socialización de la industria petrolera.
A principios de 2002, Chávez apuntó a PDVSA con la decisión de despedir a toda su junta directiva. La oligarquía venezolana tomó represalias lanzando un paro petrolero que paralizó la economía del país, incluso iniciando un fallido golpe contra el líder socialista en abril de ese año.
Aunque Chávez finalmente aplastó el paro y afirmó más control estatal sobre PDVSA, la tarea de eliminar la corrupción dentro de la industria petrolera del país, que tiene décadas de antigüedad, resultó ser una tarea de enormes proporciones.
Exponiendo un exitoso esquema de soborno criminal
Mientras Hugo Chávez estrechaba el control del Estado sobre la industria petrolera de Venezuela, despidiendo a miles de empleados de PDVSA y CITGO, un número creciente de antiguos empleados de la industria huyeron al extranjero. En 2004, dos de estos rechazados de PDVSA, Francisco Morillo y Leonardo Baquero, se trasladaron de Caracas a Miami, Florida, donde instalaron su empresa de asesoramiento y comercio energético, Helsigne Inc.
Morillo y Baquero habían establecido Helsigne Inc. en Caracas tres años antes, habiendo trabajado previamente como comerciantes de PDVSA (las circunstancias de sus salidas siguen siendo desconocidas).
Según su sitio web, Helsigne Inc. se especializa “en el comercio físico de productos energéticos y petroquímicos”, con experiencia “en otras áreas del sector energético, incluyendo la exploración, el almacenamiento, la inteligencia comercial y la gestión de riesgos”.
Bajo la cobertura de su empresa de consultoría energética, Morillo y Baquero supervisaron un esquema de soborno y manipulación de licitaciones multimillonario, cuyos detalles salieron a la luz en un tribunal de EE.UU. hace más de dos años.
En marzo de 2018, un fondo fiduciario de litigio establecido por el gobierno venezolano para investigar el masivo complot de corrupción presentó una demanda contra Helsinge, Morrillo, Baquero, múltiples compañías internacionales de energía y varios bancos, así como numerosas personas involucradas en la habilitación del robo.
La denuncia inicial, que se lee como un lanzamiento para un drama criminal de gran éxito, explicaba cómo Baquero y Morillo establecieron una serie de compañías ficticias en Panamá, y luego usaron a Helsinge como intermediario para grandes gigantes internacionales de la energía y funcionarios corruptos de PDVSA con el fin de estafar a la compañía en miles de millones de dólares.
Según el documento, “en 2004, Morillo y Baquero aprovecharon sus contactos dentro de” PDVSA, entrando “en un acuerdo ilícito con varios gerentes de negocios… por el cual Morillo y Baquero pagarían sobornos a los empleados de PDVSA a cambio de información anticipada y confidencial sobre las futuras licitaciones de PDVSA para sus compras y ventas de productos de hidrocarburos y las ofertas hechas por los comerciantes de petróleo competidores”.
En otras palabras, las compañías petroleras no estaban simplemente contratando a Helsigne para servicios de “consultoría”, sino que en realidad estaban pagando a Morillo y Baquero por su capacidad de obtener información privilegiada sobre los futuros contratos de PDVSA.
Las compañías depositaron dinero en efectivo en las cuentas de Helsinge en Panamá, a través de las cuales Morillo y Baquero pagaron sobornos a los funcionarios de PDVSA que trabajaban en el Departamento Comercial y de Suministros de la compañía.
“Poco antes o después del pago de estos sobornos, los Conspiradores de la Compañía Petrolera recibirían la información anticipada de la licitación de PDVSA y las ofertas competidoras de sus competidores, de manera que los Conspiradores de la Compañía Petrolera estuvieran seguros de ganar su elección de los contratos de PDVSA”, decía la demanda de PdVSA.
Afirmaba que “los Empleados de PDVSA sobornados modificaron las licitaciones de PDVSA de tal manera que sólo los Conspiradores de la Compañía Petrolera y Helsinge podían cumplir con los requisitos de las licitaciones” e incluso “rechazaron las ofertas competitivas de los competidores del mercado”.
La conspiración era de doble filo. Las compañías petroleras no sólo defraudaron a PDVSA en su intento de vender su petróleo en el mercado, sino que también amañaron las licitaciones relativas a la compra por parte de PDVSA de disolventes de petróleo y productos de crudo ligero necesarios para refinar su crudo pesado.
El efecto de este esquema fue que a partir de 2004, las compañías petroleras “compraron productos de PDVSA a precios artificialmente bajos; y [vendieron] productos y servicios a PDVSA a precios artificialmente altos”, según la denuncia.
En la denuncia se alega además que Helsigne “indujo” a los empleados de PDVSA sobornados “a no cobrar la totalidad de las sumas adeudadas a PDVSA por la venta de productos de PDVSA a los Conspiradores de la Compañía Petrolera y a pasar por alto el hecho de que los Conspiradores de la Compañía Petrolera no entregaron la totalidad de los productos comprados y pagados por PDVSA”.
Esto significa que a pesar de que las compañías petroleras ya estaban pagando por el petróleo de PDVSA a un precio desinflado y vendiendo sus productos a un precio inflado, rutinariamente no podrían mantener su fin de contratos, agravando el daño financiero infligido a PDVSA.
La demanda concluyó que “como resultado del plan fraudulento de los demandados, PDVSA ha sufrido miles de millones de dólares en pérdidas”.
Una fuente familiarizada con el caso estimó que los daños ascienden a más de 15.000 millones de dólares.
De acuerdo con la demanda legal, el chanchullo de la industria petrolera “impidió que las empresas, incluyendo muchas compañías estadounidenses legítimas, compitieran por los negocios de PDVSA”, mientras que los conspiradores “afectaron negativamente el flujo de comercio entre los Estados Unidos y Venezuela”.
En 2005, apenas un año después de su plan, Morillo y Baquero se asociaron con un empleado corrupto de PDVSA llamado Luis Liendo, que trabajaba bajo el alias de “El Nerd”, para establecer un “servidor clon” dentro del sistema informático de PDVSA. El sistema les permitió “obtener acceso en ‘tiempo real’ a la información de PDVSA” así como “[robar] las comunicaciones electrónicas de PDVSA y la información confidencial almacenada en el sistema informático de PDVSA”.
Las pruebas que respaldan estas afirmaciones se adjuntan a la denuncia legal y pueden leerse aquí.
Para investigar el esquema, el Fondo Fiduciaro para Litigios de PDVSA contrató los servicios de un ex detective senior de Scotland Yard llamado John Brennan (no el ex director de la CIA de EE.UU.) que fundó una empresa de inteligencia privada llamada The Brennan Group LLC.
Brennan pudo confirmar el alcance del crimen a través de entrevistas con la esposa de Morillo, Vanessa Friedman.
En su declaración ante el tribunal, Brennan señaló que Friedman afirmaba que su marido “y las personas con las que se asocia son personas extremadamente violentas”, alegando que había actuado “violentamente con ella” y “comenzó a asociarse con personas que ella cree que estaban involucradas en el tráfico de drogas”.
Después de que ella logró encerrarlo fuera de su casa, Brennan explicó que “Morillo comenzó entonces una campaña de terror contra su esposa distanciada” diciendo que ella “recibió una serie de amenazas de individuos que ella cree que estaban conectados con Morillo” exigiendo “que entregara la computadora portátil” que compartían.
Brennan dijo a la corte que Friedman fue “confrontado en múltiples ocasiones en Caracas por individuos que demandaban en nombre de Morillo la devolución de la laptop y otros documentos”. Incluso fue “objeto de un intento de secuestro”.
Pero la intimidación no tuvo éxito. Friedman finalmente entregó el portátil a los investigadores, que según Brennan “contenía literalmente miles de mensajes instantáneos, comunicaciones por correo electrónico, registros bancarios y otros documentos que evidenciaban los detalles de la conspiración”.
Un intercambio de correo electrónico proporcionó una ilustración clara del esfuerzo por establecer el servidor de clones dentro de la oficina de PDVSA, incluyendo instrucciones sobre cómo configurarlo”.
Un libro de contabilidad bancaria presentado al tribunal documentó más de 430.000 dólares en pagos que Morillo hizo a un individuo listado como “Gigante”, a quien Brennan identificó como “el suegro de un empleado corrupto de PDVSA, René Hecker”. Los pagos ofrecían sólo una pequeña ventana a la extensión total del soborno, ya que la enorme suma se pagó en el transcurso de un corto período de cuatro meses en 2004.
En el momento de la presentación de la demanda en la corte en marzo de 2018, Brennan declaró, “Hecker sigue siendo hasta el día de hoy uno de los principales contactos de Morillo dentro de PDVSA, siendo su actual rol el de Jefe de la Empresa Conjunta de PDVSA con Chevron”.
En otra cadena de correos electrónicos adjunta a la queja, Brennan describió cómo “Morillo y los principales comerciantes de Glencore [discutieron] cómo manipular la oferta de PDVSA para la compra de petróleo crudo ruso para aprovechar una oferta de Glencore”.
Estos son sólo algunos ejemplos de las pruebas explosivas que Brennan pudo obtener en nombre del Fondo Fiduciaro para Litigios de PDVSA para presentarlas al tribunal.
En conjunto, la información parecía probar la existencia de una vasta conspiración y demostraba la profundidad a la que recurrieron los conspiradores para llevar a cabo su plan criminal.
Sin embargo, sólo un año después de la presentación del caso, en marzo de 2019, la juez Alicia M. Otazo-Reyes desestimó la demanda.
Considerando la montaña de evidencia presentada a la corte y la escala del crimen, su decisión fue desconcertante. Parecía que la única explicación plausible para ello era el testimonio del ex “Procurador General” de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández.
Un mercenario legal va una vez más a la batalla a favor de los saqueadores corporativos de Venezuela.
Como esta periodista ha documentado con detalle, Hernández brindó su testimonio como testigo experto para al menos dos corporaciones extranjeras – Crystallex y OI European Group – en sus batallas legales contra el gobierno de Venezuela.
En su calidad de Procurador General de Guaidó, Hernández emprendió varias acciones que apoyaron los argumentos legales de las empresas contra el gobierno de Venezuela, lo que condujo a sentencias favorables para ambas firmas.
Gracias a las cuestionables maniobras legales de Hernández, CITGO Petroleum, el activo internacional más valioso de Venezuela, será liquidado para satisfacer las demandas de arbitraje multimillonarias contra Caracas.
Sin embargo, el largo historial de Hernández como mercenario legal que ha representado a corporaciones extranjeras que buscan saquear la riqueza de Venezuela no se limitó a las demandas de Crystallex y OI European Group.
Enterrado dentro de los 721 documentos y miles de páginas que conformaban el expediente judicial de la demanda del Fondo Fiduciario de Litigio de PDVSA contra los individuos y corporaciones involucrados en el esquema de Helsinge, el nombre de Hernández emergió una vez más.
En agosto de 2018 – apenas cinco meses antes de que Guaidó nombrara a Hernández como su principal representante legal en los Estados Unidos – los conspiradores de la compañía petrolera acusados en el plan de manipulación de licitaciones de Helsinge buscaron la experiencia del joven abogado para salvarse en los tribunales.
La tarea de Hernández no era demostrar que las compañías petroleras eran inocentes, sino anular el caso presentado contra ellas argumentando que el Fondo Fiduciaro para Litigios de PDVSA que recogió las pruebas y armó la demanda “no era válido bajo la ley venezolana”.
Para fundamentar su caso, Hernández argumentó que el Fondo era irregular debido a que fue creado por varios funcionarios, entre ellos el entonces Ministro de Petróleo Nelson Martínez, quien “no tenía autoridad para celebrar un contrato de cesión de reclamos en nombre de PDVSA o de sus filiales”.
Por su trabajo, Hernández declaró que los conspiradores de la compañía petrolera le pagaban 350 dólares por hora. Insistió en que sus honorarios “no estaban condicionados a ninguna conclusión o resultado en particular” en el caso, como si los honorarios lucrativos no influyeran en su análisis.
“8. Mi honorario por hora para este proyecto es de 350 dólares por hora. Mis honorarios no dependen de ninguna conclusión o resultado en particular.”
En esencia, Hernández y las compañías petroleras esperaban derrotar la demanda de Helsigne basándose en el argumento técnico de que el Fondo Fiduciaro para Litigios que presentó el caso en primer lugar era ilegítimo.
Su estrategia obtuvo un éxito rotundo. Como se declaró en la desestimación del caso Helsinge, presentada el 8 de marzo de 2019: “El Juez Otazo-Reyes, basándose en el testimonio del Profesor José Ignacio Hernández, encontró que el Contrato de Fideicomiso era nulo bajo la ley venezolana.”
“V. La Ley venezolana y la doctrina del Estado.
“El juez Otazo-Reyes, basándose en el testimonio del profesor José Ignacio Hernández, consideró que el contrato de fideicomiso era nulo en virtud de la legislación venezolana porque se trataba de una “obligación de orden público” que no podía transferirse a terceros. [ECF No. 570-2, ¶ 85]. El demandante ha ofrecido un inoportuno informe de expertos para refutar las opiniones del profesor Hernández. A la luz de la Corte…”
Para ese momento, Hernández estaba sirviendo como “Procurador General” de Venezuela en los Estados Unidos. Como supuesto abogado principal del estado venezolano, debería haber estado en su interés probar que un fraude masivo había sido perpetrado contra PDVSA y Venezuela en su conjunto. Esto habría permitido al estado que decía representar recuperar miles de millones de dólares de riqueza.
En cambio, el “Procurador General” Hernández se puso del lado de las compañías energéticas extranjeras responsables de engañar a su país con miles de millones de dólares.
La conducta de Hernández parece haber violado las Reglas de Conducta Profesional de los Abogados de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La regla 1.7 estipula que “un abogado no representará a un cliente si la representación implica un conflicto de intereses concurrente”, incluso si “la representación de un cliente” (en este caso, los conspiradores de la compañía petrolera) “será directamente adversa a otro cliente” (en este caso, PDVSA).
Además, en la regla 1.9 se establece que “el abogado que haya representado anteriormente a un cliente en un asunto no representará posteriormente a otra persona en el mismo asunto o en un asunto sustancialmente relacionado en el que los intereses de esa persona sean materialmente adversos a los intereses del antiguo cliente”.
“Busqué un caso similar y no lo encontré, porque es muy obvio”, dijo a The Grayzone el crítico opositor del Guaidó, Jorge Alejandro Rodríguez.
“En primer lugar, nadie contratará a un experto que haya trabajado para la otra parte. Eso es culpa de Venezuela. Y si usted contratara a esa persona, entonces la otra compañía lo recusaría y le diría: ‘¡No! No puede contratar a ese tipo. Ese tipo sabe mis secretos!’ Es una situación complicada”, explicó Rodríguez.
La oposición venezolana acusa al “Procurador General” de Guaidó de tratos corruptos, y exige respuestas
Durante el testimonio del 3 de junio a los legisladores que luego se filtró al gobierno de Venezuela, un miembro de la oposición de ese país hizo referencia al trabajo de Hernández en nombre de Trafigura, uno de los conspiradores de la compañía petrolera acusado en el caso Helsigne.
“Desde hace algún tiempo, las cosas han ido surgiendo”, reclamó Jorge Millán del partido Primero Justicia. Añadió que “no hay respuesta” de la oficina de Hernández a las preguntas urgentes de los legisladores.
“Casos como el de Trafigura”, continuó Millán, “aumentando en porcentaje para convertirse en el principal socio comercial de CITGO en el último año”.
Millán continuó refiriéndose al papel de Trafigura en el caso Helsinge, declarando a Hernández, “por cierto, no sé Sr. procurador General, creo que usted fue un testigo experto en ese caso”.
“Por lo tanto, hay cosas que nosotros (los parlamentarios) hemos estado preguntando, y no hemos recibido ninguna documentación hasta este mismo día.”
Millán tiene motivos para estar preocupado por la relación de Hernández con Trafigura. Después de todo, fue una de las compañías petroleras que defraudó a PDVSA con miles de millones de dólares durante más de una década.
Aunque fue imposible para esta periodista verificar independientemente la afirmación de que Trafigura había reemplazado a PDVSA como el principal socio comercial de CITGO, es razonable suponer que Millán hizo la afirmación basándose en datos internos a los que tuvo acceso como integrante de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional.
Si su acusación fuera cierta, significaría que Trafigura se benefició de las sanciones que restringen la capacidad de Venezuela de exportar crudo a las refinerías de CITGO con sede en los Estados Unidos – después de haber puesto a Hernández en su nómina.
CITGO cortó los lazos con su empresa matriz, PDVSA, en febrero de 2019 tras el reconocimiento de Juan Guaidó por parte de la administración Trump y la imposición de duras sanciones que prohibieron a las entidades estadounidenses comprar petróleo venezolano.
El cuestionamiento de Millán indica una creciente frustración por la conducta poco ética de los funcionarios de Guaidó entre incluso las feroces filas anti-chavistas de la oposición venezolana. Fue en este contexto que el audio de la audiencia fue finalmente filtrado al gobierno de Venezuela, provocando la renuncia de Hernández.
El presidente de PDVSA designado por Guaidó desvía las preguntas sobre corrupción
El 22 de mayo de 2020, los abogados que representaban al Fondo de Litigios de PDVSA solicitaron a un tribunal de apelaciones de Atlanta que reinstalara su caso contra los conspiradores de la compañía petrolera, los bancos y los individuos responsables del fraude multimillonario perpetrado contra PDVSA.
David Boies, un destacado abogado de la firma de abogados de Nueva York, Boies Schiller & Flexner, defendió la causa en nombre de PDVSA.
Según CourtHouse News, Boies ” dijo a un panel de tres jueces de la corte de apelaciones de Atlanta que la creación del fondo fiduciario era necesaria porque ‘todo el mundo estaba preocupado de que la gente que estaba involucrada en la corrupción usara su influencia política para tratar de conseguir que una facción u otra acabara con este litigio.”
Hasta ahora, el caso aún no ha avanzado.
Independientemente de lo que un tribunal de distrito opine sobre la legitimidad del fondo fiduciario, persiste una importante pregunta: ¿por qué la junta de PDVSA de Guaidó o sus funcionarios con sede en EE.UU. no han intentado iniciar su propia demanda contra los conspiradores sobre la base de las pruebas presentadas en el tribunal de Florida?
Esta reportera llevó estas preguntas a Luis Pacheco, el Presidente de la Junta Administrativa Ad-hoc de PDVSA designada por Guaidó.
Anya Parampil: “Sr. Pacheco, al realizar la investigación me tropecé con el caso de PdVSA contra Lukoil y otros y me pregunto por qué no ha tratado de empujarlo desde que asumió el cargo de Presidente ad hoc de PDVSA de Guaidó. Su empresa fue defraudada en miles de millones de dólares. ¡Parece un gran negocio!”
Mr. Pacheco, in doing research I stumbled across PdVSA's case against Lukoil et al and I am wondering why you have not tried to nudge it along since taking over as Guaidó's adhoc PdVSA President? Your company was defrauded out of billions of $. Seems like a big deal!
— Anya Parampil (@anyaparampil) June 19, 2020
De manera chocante, Pacheco respondió afirmando que desconocía el fraude multimillonario, diciendo que su equipo tenía “pocos recursos” y por lo tanto se concentraba en “casos que amenazan los activos”. Le pidió a esta reportera que “fuera tan amable de” ponerlo al día en el caso.
Luis A. Pacheco: “Gracias por comunicarse con nosotros. Con pocos recursos nos centramos en los casos que ponen en peligro los bienes. ¿Serías tan amable de traerme al caso?” (19 de junio, 2020, 6:37 PM)
Anya Parampil: “Me refiero a este caso… Aquí está todo el expediente” (19 de junio, 2020, 7:46 PM)
Luis A. Pacheco: “Gracias. Lo revisaré.” (19 de junio, 2020, 7:49 PM)
Resultaba difícil creer que Pacheco, que se supone que está a cargo de PDVSA, desconociera el multimillonario fraude del Helsinge. Pero esta periodista accedió a su petición y le envió todo el expediente del tribunal de Florida.
“Me complace informales que nuestros abogados han estado ocupados con este caso”, comentó Pacheco después de revisar aparentemente los archivos. Añadió, “todavía hay complejidades asociadas con la legalidad del fondo fiduciario de litigio y la legitimidad de los representantes de Maduro en el caso”.
“Tiene razón al señalar que es un caso importante ya que pone de relieve la corrupción desenfrenada de PDVSA bajo Chávez y Maduro y le agradezco el interés en exponer estos hechos”, continuó Pacheco.
Era difícil tomar los comentarios de Pacheco al pie de la letra considerando que los “abogados” a los que se refería habrían incluido necesariamente a José Ignacio Hernández – alguien que claramente tenía en mente los intereses de las compañías petroleras que figuraban como acusadas en el caso, más que los intereses de PDVSA.
“Espero que el Sr. Pacheco no haya llevado este [caso] al Sr. Hernández para consultarle, ya que sería un ejemplo de una total falta de criterio y sentido común”, indicó Rodríguez a The Grayzone. “Si lo hiciera sería motivo suficiente para su destitución. Y si Hernández asesoró al Sr. Pacheco en este caso, tanto las autoridades estadounidenses como las venezolanas deberían iniciar una investigación”.
¿Por qué el Departamento de Justicia de EE.UU. no investigará este claro caso de corrupción?
Al momento de la presentación de la demanda legal ante la corte en marzo de 2018, los abogados que representan al Fondo Fiduciaro para Litigios de PDVSA alegaron que el delito detallado en la demanda estaba “en curso y los conspiradores continúan utilizando las mismas empresas y bancos panameños para lavar los pagos a los agentes y funcionarios de PDVSA sobornados”.
A la fecha de publicación de este artículo, el sitio web de Helsinge Inc. todavía estaba activo, aunque no está claro dónde están Morillo y Baquero.
También fue imposible para este periodista localizar a los empleados de PDVSA implicados en la demanda o confirmar si el servidor de clones establecido por los colaboradores de Helsinge dentro de la oficina de PDVSA sigue funcionando.
Los abogados que representan al Fondo Fiduciaro para Litigios de PDVSA, incluyendo a David Boies, no respondieron a las solicitudes de comentarios de este periodista.
Sin embargo, para los críticos de la oposición de Guaidó como Rodríguez, la renuncia de Hernández a la administración en la sombra apoyada por los EE.UU. es insuficiente. A él le gustaría ver a las autoridades de EE.UU. investigar al abogado por su violación de la ética.
“El Sr. Hernández no ha facilitado a la Asamblea Nacional de Venezuela su contrato con Crystallex, que claramente se suponía que debía hacerlo, y los venezolanos no tienen ni idea, si por ejemplo, tiene una cláusula de contingencia o algo así”, comentó Rodríguez.
“Sabiendo que la inestabilidad política en los países suele provocar crímenes de cuello blanco – que vimos en Rusia y en todas las ex repúblicas comunistas – en el caso de Venezuela ahora mismo con esta agitación política, es obvio que el Departamento de Justicia tiene que investigar [a Hernández y a Crystallex] bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Crystallex es una empresa extranjera, una empresa canadiense, por lo que tienen restricciones sobre lo que pueden hacer en los EE.UU. y lo que no pueden hacer. Así que hay un caso aquí, estoy seguro de ello”, continuó Rodríguez.
A medida que el escándalo de sobornos de proporciones asombrosas se desarrolla en sus propios tribunales, el gobierno de los EE.UU. que dio poder a Hernández parece estar barriendo su suciedad bajo la alfombra. La inacción de Washington plantea la pregunta de si la corrupción que se desarrolla bajo su vigilancia fue simplemente un efecto secundario de su operación de cambio de régimen en Venezuela, o un componente central de su estrategia.
